Zacatecas. – Luego de que Noé Rivera Mijares, falleciera el 17 de febrero en un accidente en el municipio de Miguel Auza, familiares en compañía de su abogada Dahianny Guadalupe Badillo Alba del Colectivo en Defensa de los Niños y Mujeres, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).
Los afectados exigen justicia ante el encubrimiento y omisión de la directora del Colegio de Bachilleres plantel Miguel Auza en dicho percance.
El accidente
Los familiares señalaron inconsistencias en las investigaciones, pues las autoridades declararon que Noé Rivera Mijares, quien era padre de dos hijos, falleció debido a que manejaba su motocicleta en exceso de velocidad.
Sin embargo, por la manera en la que se encontró el cuerpo de Noé, así como las marcas de las llantas del autobús del Colegio de Bachilleres del municipio de Miguel Auza, indican que este lo atropello, expuso Mayela Cardiel, esposa de la víctima.
Hecho que fue encubierto por la directora de este plantel Juana Alejandra Hernández Ibáñez, al mover el camión de la zona del accidente, en presencia de la Policía Ministerial y autoridades de la Dirección de Tránsito del Estado, declararon familiares.
“En la autopsia se revela que es por un traumatismo craneoencefálico (la muerte), pero no las causas, no el peso que ejerció la llanta” declaro Guadalupe Badillo.
Asimismo expuso que las autoridades revisaron el autobús donde no se encontró sangre, debido a que el casco que portaba el conductor la contuvo, “fue un radio de 15 a 20 centímetros lo que el camión aplastó su cabeza y esta zona fue la única parte donde se encontraron lesiones” sentenció.
Presentan pliego petitorio
En este sentido los familiares, presentaron una queja ante la CDHEZ, exigiendo varios puntos, entre ellos: el esclarecimiento de los hechos; la destitución y orden emitida por el juez competente para que no pueda abandonar el país la directora del Colegio de Bachilleres, plantel Miguel Auza, la subdirectora de dicha institución y el chofer del camión alias ‘caliman’.
Asimismo, que se abra la carpeta o proceso de investigación contra las autoridades que resulten responsables de las omisiones y violaciones a los derechos humanos; que se esclarezca, por qué la policía ministerial y el transito son cómplices en alterar esta escena; que el gobierno también de protección y atención a los testigos y a la familia; que intervenga el fiscal general del estado en dicha investigación.
“Aquí no se habla de culpar al chofer sabemos que fue un homicidio imprudencial, la familia no exige tampoco que se le castigue injustamente al chofer, pero sí que se castigue el manipular las pruebas” concluyó la abogada Guadalupe Badillo.
