Por Juan Gómez
El gobierno del estado de Zacatecas se ha visto envuelto en una serie de pleitos jurídicos en distintos ámbitos, que van desde conflictos en la Feria Nacional de Zacatecas, en el Issstezac, por desacato a la suspensión de las corridas de toros en el serial taurino del año pasado y por el despido de trabajadores de la administración pública.
Cuando se observa en conjunto los litigios, su procedencia y destinatarios, se tiene una idea cercana a los pleitos jurídicos en los que se ha entrampado la actual administración y en los cuales, no ha salido bien librado.
El jueves pasado el gobernador David Monreal Ávila, declaró a los medios de comunicación, que hay jueces y magistrados corruptos que conceden laudos millonarios a ex empleados de la administración estatal, a cambio de que el demandante les pague la mitad del dinero que ganó en el litigio.
El mandatario estatal no presentó pruebas documentales y tampoco especificó algún nombre de un juez o magistrado corrupto, y en contraparte, invitó a lo medios de comunicación locales a que hagan una investigación al respecto.
Pero dio un dato muy revelador de la ineficacia en la defensa jurídica laboral del gobierno estatal: en los últimos diez o 15 años, todos los juicios laborales los ha perdido el gobierno. (incluido el de él, por supuesto).
Por otro lado, la organización de la Feria Nacional de Zacatecas ha tenido dos tropiezos importantes: la fallida detención por presuntas irregularidades del coordinador anterior, Benjamín Medrano Quezada y el desacato a la suspensión que mandató un juez federal a la realización del serial taurino pasado.
Respecto a la denuncia en contra de Medrano Quezada por la suspensión del concierto de Ricky Martin, se libró una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado, pero hasta donde se sabe, el ex coordinador de la Fenaza se amparó y el caso se ha quedado en el limbo.
En cuanto al desacato del serial taurino, el tema es más delicado, porque no existe evidencia que el gobierno estatal haya solicitado a la empresa Don Bull Productions, propiedad del político y líder sindical, Pedro Haces Barba, ex senador de la república y líder de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) que por cierto, es la CTM de Morena.
La asociación civil Colegna promovió en su momento, un amparo en contra de la realización de las corridas de toros en la Feria Nacional de Zacatecas del 2022, por lo que la jueza, Citlali Viscaya, emitió un fallo definitivo para suspender las 10 corridas programadas en el cartel taurino, pero se realizaron dos corridas, lo que constituye un desacato.
Por cierto, el actual candidato al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, senador con licencia, es socio de Pedro Haces, así como el matador de toros, Curro Leal.
Aún no trascienden las resoluciones jurídicas federales y tampoco se sabe si se procederá en contra del gobierno actual, ya que el Sistema Estatal Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), que preside honoríficamente la esposa del gobernador, es la responsable del coso taurino La Monumental Zacatecas, o si se ejecutará alguna resolución en contra de la empresa Don Bull Productions.
Hay un largo compás de espera.
Otro tema importante es, sin duda, el del Issstezac (Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del estado de Zacatecas), en donde por un lado los jubilados demandan jurídicamente el pago de sus prestaciones de Aguinaldo y por el otro, el actual director, Ignacio Sánchez, demandó penalmente al anterior responsable del Instituto, Marco Vinicio Flores Guerrero, por retención de impuestos no presentados a la Secretaría de Hacienda.
También la dirección del Issstezac ha hecho caso omiso a los mandatos de los tribunales que resuelven en favor de los jubilados, la mayoría maestros, sin que haya consecuencias de carácter jurídico.
El caso de la demanda penal en contra de Flores Guerrero está en tribunales, y todavía no hay una resolución al respecto.
Estos son los casos jurídicos más significativos en los que se ha visto la ineficacia gubernamental en la defensa jurídica, la desesperación y el desacato a órdenes judiciales por la pérdida de los casos en los tribunales laborales.
Al tiempo.
@Juangomezac
