La senadora zacatecana, Geovanna Bañuelos de la Torre, propuso reformas a la Ley Federal del Trabajo para incorporar un capítulo denominado: “De las Personas Trabajadoras Sexuales”., que tiene la finalidad de dignificar y garantizar derechos laborales y de salud a las trabajadoras sexuales para asegurar su protección, integridad y libre sexualidad.
Geovanna Bañuelos recordó que el trabajo sexual, en muchos casos, es la única forma de subsistir para hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+, por lo que dijo, es necesario distinguir delitos como la trata de personas, turismo sexual, entre otros, de la prostitución.
Con la propuesta de la senadora, se establecería en la ley la definición de “trabajo sexual”, la diferencia de éste con cualquier tipo de delito contra la sexualidad, y la definición de “trabajador sexual” y “persona usuraria” en la ley.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) explicó que su propuesta busca que a los trabajadores sexuales se les respeten todos sus derechos establecidos en la Constitución, así como la dignificación de su trabajo; el derecho a la salud, a la educación sexual y reproductiva.
También se pretende a no ser obligada a relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos, a no ser violentada física, emocional o sexualmente.
Además, establece el deber de las autoridades a respetar y no estigmatizar a las personas dedicadas al trabajo sexual y su derecho a una defensa legal garantizada y proporcionada por el Estado en caso de necesitarla.
Geovanna Bañuelos señaló que actualmente la realidad a la que se enfrentan las personas trabajadoras sexuales está llena de matices, se enfrentan a un contexto de discriminación social y laboral que se caracteriza por los prejuicios, la pobreza y la falta de oportunidades en el mercado de empleo formal, entre otros aspectos.
En este sentido, Bañuelos de la Torre enfatizó que es necesario crear políticas y programas institucionales para garantizar condiciones dignas de trabajo a quienes ejercen esta profesión.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictaminación.
