Como todo lo que toca Morena, hoy el derecho humano al agua está siendo violentado y convertido en herramienta política por el gobierno de la transformación de cuarta.
El agua —ese recurso vital que sostiene la vida, el campo y la economía— debería ser un pilar de justicia social. Sin embargo, el régimen lo ha reducido a un instrumento de control. Bajo el discurso de priorizar a los más pobres y crear un marco legal “inclusivo y transparente”, la presidenta Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
La narrativa suena bonita. La realidad es brutal.
La propuesta presidencial criminaliza a campesinos y ganaderos, deja en inseguridad agraria a sus familias, devalúa sus tierras y mantiene en la opacidad la entrega de permisos. Es una reforma parchada más de 90 veces, que no garantiza agua ni infraestructura, pero sí le da a la Federación el poder absoluto de decidir quién tiene agua, cuánto y por cuánto tiempo.
Tal fue el hartazgo del sector que nos alimenta todos los días, que miles de productores bloquearon carreteras en casi una veintena de estados. No fueron partidos. No fueron “caciques”. No fueron intereses ocultos. Fueron familias desesperadas, agricultores y ganaderos que ya no pueden con la sequía, con la falta de apoyo, con la inseguridad y ahora con una ley que amenaza su patrimonio.
Y entonces, por presión social, el oficialismo reculó. El fin de semana anunciaron 56 modificaciones a la iniciativa; como ya dije, ya van 90 parches. Algunas son ajustes menores, pero muchas otras son, francamente, una simulación. Un intento de Morena por maquillar un dictamen que sigue siendo dañino para el campo.
Porque la criminalización sigue ahí: la prisión máxima baja de 12 a 8 años para quien modifique equipos de medición o use agua sin permiso burocrático, pero la amenaza continúa. Las multas bajan de 50 mil a 30 mil UMAS, pero siguen siendo desproporcionadas e impagables. El traslado de dominio —la principal preocupación del campo— no se resolvió. Y la reducción de volúmenes continúa a criterio político.
El Fondo de Reserva queda centralizado; las transmisiones seguirán condicionadas; y la autoridad federal mantiene la posibilidad de reasignar agua entre estados sin compensación y sin criterios técnicos.
Mientras tanto, para justificar la reforma, desde el poder se señala y se estigmatiza a los campesinos. Se les acusa de “privilegiados”, de tener buenos tractores o buenos vehículos, como si prosperar fuera un delito.
¿En qué momento vivir bien, fruto del trabajo honesto, se volvió sospechoso para este gobierno?
Esa narrativa duele. Porque detrás de cada tractor hay un crédito familiar, un terreno hipotecado, un esfuerzo de generaciones.
Duele porque quienes hoy son acusados de “acaparadores” son los mismos que se levantan de madrugada para producir los alimentos que llegan a cada mesa de México.
Duele porque, mientras se les señala, la ley no toca ni uno solo de los grandes volúmenes industriales y tampoco corrige los verdaderos abusos del sistema.
En el discurso, Morena dice defender el derecho al agua. En los hechos, abandona a los estados, a los municipios y a la población rural. Les da obligaciones sin presupuesto, trámites sin infraestructura y permisos sin certidumbre.
Lo digo con conocimiento de causa: provengo de una familia campesina. Sé lo que significa depender del clima, de la tierra, de la temporada y del agua. Sé que sin agua no hay cosecha, no hay ganado, no hay alimentos y no hay futuro.
Por eso, mi compromiso es con la universalización del derecho al agua, pero no puedo respaldar una iniciativa que castiga al campo, concentra decisiones en la Federación, politiza el acceso al recurso más preciado, incrementa costos para los municipios y no garantiza ni un solo peso en infraestructura hídrica.
México merece una Ley General de Aguas que dé derechos, certidumbre y federalismo hídrico real. Merece una ley que apoye, no que persiga; que construya, no que divida; que reconozca al campo como el corazón productivo del país y no como un enemigo a vencer.
Los campesinos de México no piden privilegios.
Piden respeto, certeza y agua para trabajar.
Nada más; y nada menos.
Noemí Luna
Diputada Federal
