Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
Mientras usted brindaba por el año nuevo, abrazaba a la tía incómoda y prometía ir al gimnasio, el Servicio de Administración Tributaria ya estaba despierto. Feliz. Radiante. Porque hasta la cruda fue fiscalizada. Año nuevo, impuestos nuevos. Tradición nacional.
Apostar cuesta más. Perder dinero cuesta todavía más. Fumar se volvió un lujo con recibo oficial. Ir a un museo ya no es cultura, es un acto casi fifí. Viajar empieza a parecerse a una fantasía aspiracional. Y si usted vende algo por TikTok Shop, prepárese, porque también hay aranceles para los likes. Eso sí, quitaron el impuesto a los videojuegos. Alguien en el gobierno no sabía si lanzar tortuguitas en Mario Kart era violencia simbólica o solo una forma sana de perder amigos. Se agradece la sensibilidad.
Morena es muy listo. Si los jóvenes salen a protestar, bola blanca para todos. Si los campesinos levantan la voz, nueva Ley de Aguas. Y mientras la conversación pública se distrae entre impuestos, gas y discursos de buenos deseos, pasa algo más extraordinario, más silencioso y más peligroso.
Nos quieren vender el registro obligatorio de celulares como una medida “contra la extorsión”. Pero el trasfondo es otro. El Estado volviendo a ponerle nombre, CURP y rostro a cada llamada, cada mensaje, cada silencio. Ya lo intentaron antes con el maldito Calderón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional. Hoy regresan con otro empaque, el mismo impulso. Controlar bajo el pretexto del miedo.
La pregunta incómoda es simple. ¿Sirvió antes para frenar el delito? No. ¿Va a servir ahora? Tampoco. La extorsión no se combate persiguiendo ciudadanos, sino desmantelando redes criminales, limpiando policías y fortaleciendo fiscalías. Registrar millones de celulares solo crea bases de datos vulnerables, expone a la gente común y normaliza la vigilancia como si fuera el precio inevitable de vivir en sociedad.
La libertad no se pierde de golpe. Se pierde trámite a trámite. Hoy es tu celular. Mañana será otra cosa. Cuando el Estado te dice “si no te registras, te apago la voz”, no está combatiendo el crimen. Está ensayando obediencia. Tu celular no es un lujo. Es tu trabajo, tu banco, tu familia, tu seguridad. Y ahora te dicen que, si no lo registras, te lo pueden cortar. Suena sencillo, pero no lo es. La pregunta real es qué datos te van a pedir y qué pasa con ellos después.
Y para quienes creen que exageramos, ahí va el dato incómodo. Apenas empezó el registro y ya apareció el primer problema grave. Una compañía presenta una vulnerabilidad grotesca. Basta ingresar un número y el sistema devuelve información del titular sin autenticación previa. Nombre completo, RFC, CURP, correo electrónico. En personas morales, hasta el nombre de la empresa y su RFC. Un regalo adelantado para la suplantación de identidad, la ingeniería social dirigida y el fraude. Todo lo que la Ley de Protección de Datos Personales prohíbe, servido en bandeja.
No se requieren hackers de película. Con dos dedos de frente alcanza. El riesgo es mayor porque el registro centraliza datos sensibles de millones de usuarios en un flujo que hoy no valida identidad antes de responder. La promesa de seguridad se transforma en fábrica de víctimas.
Así que ojo. No caiga en links raros, no entregue información a cualquiera y exija reglas claras, controles reales y responsabilidades verificables. Seguridad sí, pero con límites y con respeto.
Moraleja: Iniciamos el año y ya entendimos el mensaje. Paga más, calla mejor y confía en el sistema. Si no preguntas, todo fluye. Si preguntas, hay trámite. Y si te incomodas, siempre habrá un impuesto nuevo para distraerte. Así empieza 2026, con sonrisas oficiales y derechos en letra chiquita. El año apenas comienza y ya quieren cobrártelo completo.
