La diputada de Movimiento Ciudadano de la LXV, Ana María Romo Fonseca, sostuvo que detrás de cada cifra de desaparecida o desaprecido, hay un nombre, una familia y un hogar vacío que exige respuestas, al enfatizar que Fresnillo es uno de los municipios más golpeados en Zacatecas.
Informó que al cierre de marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 3,961 personas desaparecidas en Zacatecas, y que en Fresnillo, la incertidumbre se ha vuelto parte de la vida cotidiana.
Desde el Congreso local, la legisladora refrendó su compromiso de exigir claridad institucional, resultados verificables y una política pública que priorice la verdad y la justicia, “porque Zacatecas no puede seguir siendo el escenario de una tragedia silenciosa”.
Al respecto dijo que las familias merecen respuestas, no evasivas, “las víctimas merecen justicia, no indiferencia. Y la sociedad merece un Estado que actúe”.
Romo Fonseda refirió que “En Movimiento Ciudadano no dejamos de buscar, porque cada persona desaparecida nos duele a todas y todos, y hasta encontrarles, la lucha sigue”.
Agregó que el contexto nacional es alarmante: más de 132 mil personas no localizadas, más de 4,500 fosas clandestinas y 72 mil restos humanos sin identificar, con una impunidad que alcanza el 98 por ciento. Esta no es una crisis aislada, es una herida abierta en México.
El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el Artículo 34, señalando indicios de desapariciones sistemáticas en el país.
Ante ello, el Gobierno Federal ha descalificado el informe; sin embargo, desde Movimiento Ciudadano lo decimos con claridad: nuestra responsabilidad no es defender narrativas, sino poner a las víctimas en el centro, refirió la legisladora.
Como expresó el presidente del Comité, Juan Pablo Albán: “el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”. Las familias buscadoras han sido contundentes: la cooperación internacional representa una oportunidad histórica para fortalecer la búsqueda, no una amenaza”, puntualizó.
El marco jurídico es claro. El artículo 1° constitucional obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos, y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada exige actuar con debida diligencia, sin excusas, señaló finalmente.
