A ocho años de su conclusión e inaugurado por el gobernador priista Miguel Alonso Reyes, actual diputado federal, el gobierno morenista de David Monreal, revivió las irregularidades con Las que se construyó a medias el Centro Cultural Toma de Zacatecas, que presentó fallas estructurales, y que será difícil que se apliquen sanciones.
El Secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, afirmó que se despilfarraron 404 millones 326 mil 945 pesos en un complejo que actualmente es inservible, al tiempo que dio a conocer que se iniciaron seis procedimientos administrativos contra siete funcionarios y una empresa, pero que no hubo un solo proceso penal.
Añadió que se realizaron cuatro auditorías federales que significaron 15 observaciones y 21 procedimientos de responsabilidades, “en un acto de simulación en la fiscalización”.
Amonestación privada
En conferencia de prensa destacó que los procesos fueron un complejo esquema de simulación para garantizar impunidad a quienes derrocharon los recursos de la ciudadanía, por lo que únicamente se sancionó a un supervisor de obra con 25 días, así como a un subsecretario de Obra con una amonestación privada.
En el caso de la constructora, únicamente se le obligó a devolver 354 mil 463 pesos; además, en este momento hay un procedimiento contra una persona que estuvo en la Secretaría de Finanzas en aquel momento para que devuelva 90 millones de pesos invertidos en esta obra, pero con probabilidades de que no prospere.
Ya prescribieron los procedimientos
Durante el recorrido, se evidenció que la obra quedó inconclusa, el área de camerinos está en obra negra, los trabajos y materiales empleados en la construcción son de mala calidad, hay soldaduras incompletas, vigas sobrepuestas sin que se contemplen en el plano original y los elevadores están desaparecidos.
Sin embargo, el Secretario de la Función Pública informó que todos los procedimientos derivados de esta obra ya prescribieron, por lo que difícilmente se podrá actuar contra los dos anteriores gobernadores, los constructores, funcionarios, servidores públicos y las instituciones que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que permitieron este desfalco en contra del pueblo.
