Por Darío Dávila
Zacatecas.– El Poder Judicial del Estado decidió que la jueza Esmeralda Castro Dávila continúe al frente del proceso penal contra Jenny González Arenas, secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), aunque su imparcialidad fue cuestionada.
La defensa había solicitado su recusación —es decir, que se le apartara del caso— por un posible conflicto de interés: aseguran que la jueza tiene vínculos familiares con uno de los abogados que acusan a González Arenas. Pero el magistrado Arturo Nahle García rechazó revisar el fondo del asunto porque el recurso fue presentado fuera de tiempo.
¿Qué hay detrás de la acusación?
La jueza vinculó a proceso a González Arenas el 17 de mayo por el presunto delito de administración fraudulenta. El caso gira en torno a la compra de un inmueble con recursos del sindicato.
Cuatro días después, el 21 de mayo, la defensa presentó el recurso para que la jueza fuera removida del caso. Alegaron que no podía garantizar imparcialidad por su cercanía con la parte acusadora. Según el abogado defensor, fue hasta el 19 de mayo, cuando González Arenas regresó a sus funciones sindicales, que se dieron cuenta de que las personas que la acusan penalmente también tienen demandas laborales activas contra ella.
¿Qué es un recurso de recusación?
Es una herramienta legal que permite a una de las partes en un juicio pedir que se aparte a un juez si hay dudas fundadas sobre su imparcialidad. Puede usarse cuando existen relaciones personales, familiares o intereses compartidos con alguna de las partes.
Pero la ley establece que este recurso debe presentarse antes de que el juez tome decisiones importantes en el caso. Como la vinculación a proceso ya se había dictado, el tribunal desechó el recurso sin entrar a revisar si el vínculo con el abogado acusador existía o afectaba el proceso.
Un caso que agita a la Universidad
El proceso penal contra González Arenas ocurre en medio de un clima tenso en la Universidad Autónoma de Zacatecas: protestas, tomas de instalaciones y denuncias cruzadas entre grupos sindicales y autoridades universitarias.
Este entorno hace que cada decisión judicial tenga un peso político y social. Por ahora, pese al señalamiento de posible parcialidad, la jueza seguirá a cargo del caso. La defensa podría buscar nuevas vías legales, pero el mensaje institucional fue claro: el tiempo para cuestionar a la jueza ya pasó.
