El abogado constitucionalista Gustavo Briceño Vivas, sostuvo hoy que el Consejo de Derechos Humanos, creado recientemente por el presidente Nicolás Maduro, es una burla, ya que en la práctica su régimen continúa violando esos derechos.
El Consejo de Derechos Humanos creado por el presidente Nicolás Maduro, es una burla a los ciudadanos, porque mal puede defender esos derechos un régimen que de forma recurrente los viola, precisó a Notimex el catedrático constitucionalista.
“El tema de los derechos ciudadanos no ha sido una prioridad de este gobierno, ni en su discurso, ni en su acción”, recalcó el catedrático de la pública Universidad Central de Venezuela (UCV) y presidente del “ombudsman latinoamericano para Venezuela”.
Briceño Vivas destacó que aun cuando la creación de este Consejo, contenido en la Constitución de 1999, obliga al estado a establecer políticas públicas que garanticen los derechos de los ciudadanos, “por sí solo no es suficiente”.
“Es necesario además, que los gobernantes asuman una conducta y una actitud que demuestre a jueces, administradores y legisladores que ellos realmente promueven el cuidado y la preservación de los derechos humanos fundamentales”, sentenció.
El politólogo resaltó que, “sin embargo, el régimen venezolano, desafortunadamente, no muestra en lo absoluto esas circunstancias. Después de varios años, las actuaciones del gobierno han sido demoledoras contra los ciudadanos, tal como lo hemos visto en las manifestaciones estudiantiles”.
Resaltó que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro se ha preocupado más en defender las políticas y actuaciones de los órganos jurisdiccionales, que han situado los derechos humanos al margen de sus consideraciones, que al común de los ciudadanos venezolanos.
“Es necesario advertir que la creación de un Consejo de Derechos Humanos, no debe servir en manera alguna para indicar a los poderes públicos como deben dictar sus decisiones, eso es simple degradación de la política y conspiración diabólica contra la Justicia”, añadió.
Briceño Vivas rechazó que “deba constituirse en un obstáculo para que los organismos nacionales e internacionales protectores de los derechos humanos cumplan su deber sin interferencias políticas o de intereses ideológicos que empañen la recta justicia”.
“Sin embargo cada vez somos menos ciudadanos y lo constatamos cuando observamos la eliminación prácticamente del derecho a la protesta con una complaciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que enardeció a Venezuela”, se quejó.
Finalmente, afirmó que cuando los tribunales actúan solo en consideración a la defensa del Poder Ejecutivo, desvirtúan sus funciones y contribuyen a la desaparición de las instituciones, por lo que la sociedad civil buscara entonces hacer justicia por mano propia.
