Durante 2017, el Juzgado Comunitario, adscrito a la Secretaría de Gobierno Municipal, atendió todos los casos canalizados por el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de los que se registraron 4 mil 868 detenidos por cometer distintas faltas administrativas, así como algunos delitos.
De éstos, 924 fueron menores de edad y 3 mil 944 fueron mayores de 18 años a los que se les dio seguimiento para que, conforme a derecho, se les sancionara la falta cometida.
El secretario de Gobierno Municipal, Manuel Ibarra Santos, detalló que en este periodo fueron puestas a disposición del área de Trabajo Social un total de 38 personas para que se conviniera la reparación de daños, entregársele a la familia o ser canalizados a algún centro de rehablitación.
De la misma forma, fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común 116 personas; al del fuero federal cuatro y al Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, un total de seis personas.
Los jueces comunitarios, agregó el secretario de Gobierno, cumplen con una función fundamental dentro del sistema de seguridad en el municipio, toda vez que coadyuvan de manera imparcial en la solución de algunos conflictos que se suscitan entre ciudadanos y logran el establecimiento de convenios, con el fin de evitar que estos casos sean llevados ante los tribunales judiciales.
De esta forma es que, por ejemplo, durante 2016 se celebraron 15 convenios en los ramos civil y mercantil en el juzgado comunitario, además de que se impusieron infracciones; en tanto que, de los que no hubo algún acuerdo, se canalizó a las instituciones correspondientes.
Durante 2017 se realizaron 73 convenios y sólo de cinco no se pudo establecer alguno, lo que muestra la capacidad de resolución de los cuatro jueces comunitarios que atienden esta instancia y ofrecen justicia alternativa para evitar, en medida de lo posible, que estos casos se conviertan en demandas que deban dirimirse ante tribunales.
Abogan pues, añadió Ibarra Santos, por un trato más cordial y respetuoso entre los habitantes del municipio, y por soluciones pacíficas en las que prive la cordialidad y la razón ante conflictos vecinales o cualquier otro tipo de conflicto que pueda concluir con una justicia alternativa.
Finalmente, el secretario puntualizó que en la Dirección de Seguridad Pública, durante 2017 2 mil 7909 personas pagaron una sanción administrativa por las faltas cometidas al Bando de Policía y Buen Gobierno, en tanto que mil 916 personas más cumplieron su arresto en separos.
Respecto a los convenios, en lo que va de 2018 ya se han celebrado cuatro y otros cinco están en trámite.
