TEXTO: PAOLA COVARRUBIAS
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María de la Luz Dominguez Campos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), informó que este organismo está realizando una investigación de carácter oficioso luego de recibir una queja por parte de los padres de Marcos García, quien se presume fue muerto a manos de elementos de seguridad del estado el mismo día del asesinato de Anayeli Noemí, en la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
Los padres del joven han asegurado que los agentes realizaron procedimientos inadecuados, por lo que ha habido acusaciones en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y de elementos policiacos.
Por ello, el organismo que encabeza trabaja para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a los responsables, por lo cual ya solicitó informes de autoridad a las propias autoridades involucradas, la FGJE y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
La ombudswoman agregó que además de los informes en vía de colaboración solicitados a las autoridades involucradas, se llevará a cabo una serie de diligencias y actuaciones a efecto de fortalecer la investigación para estar en condiciones de concluir el caso y emitir el resolutivo correspondiente.
“Las autoridades de procuración de justicia debieron de iniciar de manera inmediata una investigación para lograr el esclarecimiento de los hechos y por supuesto las aseveraciones en torno a exculpar a los elementos policiacos”, declaró María de la Luz Domínguez Campos.
Sin esta investigación es inadecuado hacer acusaciones, aseveró, por lo que el Ministerio Público (MP) debe llevar a cabo una investigación imparcial y objetiva para que por la vía penal se determine cuáles fueron los hechos y los procedimientos que aplicaron los agentes con el fin de saber si estuvieron apegados o no al protocolo que regula el uso de la fuerza.
Sobre este tema, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, externó durante una visita a Zacatecas su total apoyo a Domínguez Campos en caso requerir el apoyo de la comisión nacional.
Asimismo, exhortó a las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública a coadyuvar en la investigación que está realizando la CDHEZ, y les solicitó brindarle toda la información que requiera.
“Estamos hablando sin calificar qué sucedió; se tiene que investigar, no estamos prejuzgando, pero para que podamos desarrollar las investigaciones, si hay videocámaras en el lugar de los hechos, se les proporcionen”.
Violación y crisis en derechos humanos
“La agenda es preocupante, la agenda de derechos humanos es de una crisis en derechos humanos”, declaró el ombudsman, quien añadió que la agenda de derechos humanos tiene que ver con un flagelo terrible de desapariciones, de fosas clandestinas de tortura, del cual no es ajeno Zacatecas ni muchos estados de la República.
La tortura está extendida en el país, recalcó. Hay recomendaciones de la CNDH que documentan la tortura y más lacerante también cuando la tortura alcanza niveles de violencia sexual como método de tortura en donde mayormente son mujeres, pero no escapa a que en ocasiones ha habido abuso sobre varones.
Los ombudsperson tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para identificar los casos de tortura, dijo, para investigarlos y sancionarlos y también exigirle a los gobiernos y a los congresos locales que doten de recursos para que las comisiones estatales puedan realizar los Protocolos de Estambul, instrumento orientativo, pero muy importante, recalcó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Respecto a la violación de derechos humanos en el caso Marcos, Domínguez Campos declaró: “Es un hecho lamentable que dos jóvenes hayan perdido la vida, situación que es violatoria de sus derechos humanos, de ellos como víctimas directas, pero que también afecta los derechos de su familia como víctimas indirectas, y es una afectación también a la sociedad zacatecana puesto que se circunscribe en este ambiente de inseguridad y violencia que padece nuestro estado y que genera el no ejercicio de derechos fundamentales, como son el derecho a la paz y la seguridad pública”.
