Zacatecas. – A cuatro años de su mandato, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas realizó su informe correspondiente al año 2019, en este destacó que se realizó un trabajo bajo cinco vertientes: protección, defensa, promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Informó que durante este periodo, se recibieron 682 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos atribuibles a servidores públicos, estatales o municipales, puntualizó que las principales autoridades señaladas son las Policías preventivas municipales, las Agencias del Ministerio Público, la Policía Estatal Preventiva, la Policía de Investigación, autoridades municipales, escuelas primarias y secundarias, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Agregó que, pese a que es imperativo el cumplimiento de los derechos humanos, pues los tres órdenes de gobierno están obligados a promover, respetar y garantizarlos, se siguen violentando estos.
“A pesar de las vigencias previstas en la ley muchos servidores públicos no han entendido que no pueden seguir actuando por arbitrariedad, capricho o excesos, sino con estricto apego a la legalidad, eficiencia honradez y profesionalismo” expresó.
En este sentido, resaltó el hecho que se registró en la Unidad Académica de Derecho donde un joven de Valparaíso perdió la vida por uso excesivo de la fuerza, en donde la presidenta señalo se le violentaron sus derechos, siendo responsables diversas autoridades como el director general de la policía de investigación, el director de servicios periciales, los agentes de la policía de investigación, el ministerio público entre otros.
Por ello menciono que una vez notificada su recomendación se espera sea aceptada y complementada a efecto de que exista justicia para la familia y la víctima, así como que se les brinde la reparación integral para que no haya impunidad.
Por último, expuso que durante 2019 hubo 524 resoluciones de las cuales 18 correspondieron a recomendaciones, puntualizo que estas buscan la restitución de los derechos vulnerados, la reparación integral, la sanción de los responsables y las garantías de no repetición.
