La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que en las 10 entidades federativas en las que comienza la implementación de la reforma laboral albergan en sus juntas locales de Conciliación y Arbitraje 35 por ciento del total de expedientes laborales que existen en el país.
Ello comprende registros de contratos, sindicatos y procesos de demanda, lo que se desprende del documento “Diagnóstico Situación de los Archivos de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje”.
En los 10 estados suman más de 238 mil expedientes, lo que equivale a mil 395 metros lineales de hojas, expuso la dependencia en un comunicado.
El Consejo de Coordinación para la Implementación de la reforma laboral acordó una estrategia de entrada en operación de la nueva norma en tres etapas, por lo que se tiene previsto que en octubre de 2020 inicie en Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
En dichas entidades entrarán en operación los tribunales laborales locales y federales, los centros de conciliación locales y las oficinas estatales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
En el momento que los tribunales laborales abran sus puertas, las juntas de Conciliación y Arbitraje ya no recibirán un solo asunto más y se harán cargo de su rezago.
Actualmente, los grupos interinstitucionales de los 10 estados trabajan en armonizar sus leyes locales con la reforma laboral, en la elaboración de sus presupuestos, así como en ordenar, clasificar y digitalizar los expedientes de registro de sindicatos y contratos colectivos que se encuentran en las juntas locales para su transferencia al Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La Junta Federal y las 32 juntas locales de Conciliación y Arbitraje presentaron su plan de trabajo para abatir el rezago y concluir los asuntos en trámite.
El Poder Judicial de la Federación inició con su Programa de Formación y Selección para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral y se ha asesorado a los sindicatos con registro federal en la adecuación de sus estatutos para la incorporación de procesos democráticos y transparentes.
