El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Don Napoleón Gómez Sada” (SNMMDNGS) reconoce la labor que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el Gobierno de Zacatecas realizaron para permitir el regreso de más de 750 trabajadores a la mina El Coronel, cerrada de manera ilegal por Napillo durante 79 días.
“Con este paro ilegal, Na-pillo buscó presionar a los trabajadores a afiliarse a su sindicato; presionar a las autoridades y a la empresa para obtener el Contrato Colectivo de Trabajo y usar la bandera de los 80 mil pesos en utilidades para los trabajadores. No logró absolutamente nada de esto y sí en cambio el repudio de los trabajadores, quienes no quieren saber nada de este prófugo de la justicia”, apuntó Carlos Pavón Campos, Secretario General del SNMMDNGS.
Por ello, apuntó, que el SNMMDNGS les hace saber a los trabajadores que el paro ilegal que los privó de llevar sustento a sus familias por más de tres meses se debió única y exclusivamente a la cerrazón del prófugo de la justicia que se esconde en Canadá. “Este sujeto acostumbra cerrar a su antojo las fuentes de trabajo ilegalmente y en algunos casos, como ocurrió en 2006 en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, obliga a los mineros a enfrentarse a las fuerzas del orden, en aquella ocasión el saldo fue de dos mineros muertos y decenas de heridos”, destacó Carlos Pavón Campos, Secretario General del SNMMDNGS.
Pavón Campos rechazó que Na-pillo sea el titular del Contrato Colectivo de Trabajo en la mina El Coronel, ya que existe en puerta un proceso legal mediante el cual los trabajadores decidirán a qué organización sindical afiliarse.
Así, el dirigente sindical coincidió con la posición de la STyPS, dependencia que subrayó que en ningún momento Minera Frisco, la empresa que maneja El Coronel, haya aceptado que el prófugo de la justicia que se esconde en Vancouver, Canadá, sea el titular del CCT en El Coronel.
“Como lo señaló la STyPS en su comunicado del miércoles, no le corresponde a la empresa aceptar la titularidad de un CCT, esta es facultad exclusiva de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, previo desahogo a los procedimientos de ley”, apuntó Pavón Campos, al agregar que Napillo y sus secuaces solo tratan de confundir a los trabajadores y engañar a los medios de comunicación.
Pavón Campos subrayó que Napillo recurre una vez más al engaño, ya que con este paro ilegal no logró absolutamente nada para los trabajadores, al ser la Secretaría de Hacienda y no la STyPS, la dependencia encargada de analizar las finanzas de la empresa.
“No logró el reconocimiento de la empresa para pelear por el CCT, ya que esto se realiza a través de un proceso legal ante la JFCyA; tampoco logró un incremento de 80 mil pesos en las utilidades que fue el motivo por el que cerró la empresa ya que esto lo usó como un engaño. Este cierre de la mina representó para este extorsionador un rotundo fracaso”, apuntó Pavón Campos.
Apuntó que ahora, los trabajadores tienen la oportunidad legítima de elegir entre tres representaciones: Napillo, ausente del país desde 2006 tras robarle a 20 mil mineros 55 mdd y reconocido en el ámbito sindical por realizar paros ilegales a fin de extorsionar a las empresas; la CROC, que nunca hizo nada por los trabajadores en El Coronel durante los 4 años de su representación, y el SNMMDNG, una organización joven y pujante que prefiere el diálogo a la violencia.
Sobre un futuro recuento entre los trabajadores de El Coronel, el SNMMDNGS se mostró confiado en que impere la razón en El Coronel y Napillo no recurra a la violencia para presionar a los trabajadores.
“Ya lo derrotamos en un recuento de voto realizado en La Platosa, Durango, y a pesar de ello, Napillo, como es su costumbre, no reconoció el resultado y cerró por tres meses esa fuente de empleo, espero que en esta ocasión reconozca su derrota”, dijo el Secretario General del SNMMDNGS.
Pavón Campos recordó el caso de la mina El Cubo, en Guanajuato, donde también engañó a los mineros, prometiendo 50 mil pesos de utilidades tras ocho meses de paro ilegal sin lograr mayores utilidades, pero sí disminuyendo hasta en un 70 % las prestaciones contenidas en el CCT.
