La tarifa de transporte que entró en vigor el pasado primero de enero en la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe cumplió una semana en los tribunales.
El 21 de enero, Rogelio Cárdenas inició juicio de nulidad en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. En dicho recurso define al incremento como un “acto ilegal”.
La parte demandante sostiene que la orden dictada por el gobernador Miguel Alonso y ejecutada por el director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Agustín Jaime Ortiz violó la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado.
En la demanda se incluye también a Francisco Escobedo, secretario de Gobierno, y a Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad
Los argumentos que se exponen son que el aumento al pasaje no es proporcional al aumento del salario mínimo. Con el nuevo costo un viaje en camión ya equivale a un 10% de la remuneración elemental.
En la demanda se asegura que la decisión de las autoridades estatales carece de fundamento ya que no se sujetó al procedimiento indicado en la Ley de Transporte.
La demanda establece que la facultad de aprobar las tarifas del transporte público “no es una atribución discrecional que pueda ser ejercida al libre arbitrio del Ejecutivo Estatal” y que requiere “formalidades que den sustento jurídico al acto administrativo”.
Las autoridades estatales son acusadas de violar los artículos 65 y 66 de la ley de transporte; el primero contiene los aspectos técnicos y financieros a considerar a la hora de determinar “el comportamiento de las tarifas”; el segundo estipula que las tarifas autorizadas deben ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de circulación local.
En resumen, según la parte demandante, “las autoridades fueron omisas en cumplir con las formalidades legales que deben cumplir para el aumento de la tarifa”, de manera que solicita “decretar la nulidad lisa y llana del acto”.
Para reforzar su postura de que el incremento carece de fundamento, el demandante expone que no se ha conformado el Consejo Estatal de Tránsito y Transporte creado con la nueva ley; este órgano tiene como atribución la de proponer, con base en estudios técnicos y financieros, las tarifas a cobrar por los concesionarios.
Las pruebas presentadas fueron los ejemplares del periódico oficial del 25 y 28 de diciembre de 2013 así como del primero de enero de 2014.
También se entregaron al tribunal ejemplares de periódicos locales en los que no aparece publicada la nueva tarifa, fechas del 31 de diciembre al 2 de enero.
