El diputado Juan Carlos Regis Adame, dio lectura a la Iniciativa de Ley de Educación del Estado de Zacatecas, remitida por el mandatario estatal Miguel Alejandro Alonso Reyes, la cual se sustenta bajo tres líneas estratégicas fundamentales; la primera, el reconocimiento de la realidad de Zacatecas, de su dispersión y rezago en infraestructura y servicios, de sus limitaciones presupuestales y de la urgencia de optimizar el recurso público bajo parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad.
La segunda estrategia se refiere a la necesidad de homologar las disposiciones locales a las federales en un ejercicio elemental de simetría normativa que facilite la aplicación de programas y financiación del sistema educativo nacional y, la tercera, el respeto de los derechos laborales de profesores, con base en una evaluación formativa permanente, sustentada en el estudio, actualización y capacitación, que ataje los índices de bajo aprovechamiento, deserción y deterioro social.
En la estructura de la iniciativa, se destaca la base normativa para la modernización de los procesos administrativos, la optimización de los recursos públicos hacia la inversión y mejoramiento de la infraestructura educativa, la obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la educación, su calidad y pertinencia social, así como la evaluación formativa al sistema educativo en su conjunto, incluido el desempeño laboral, la productividad y los resultados.
Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro
Más adelante la diputada Erika del Carmen Velásquez Vacio, presentó ante la Asamblea, Iniciativa de Ley para el fomento de la lectura y el libro, ante la necesidad de instrumentar políticas públicas que incidan en la educación trascendente, aquella que por encima de la acreditación de grados escolares, es una educación formativa en valores en la cual como uno de sus activos, tiene a la lectura que permite racionalizar la infinitud del conocimiento.
Argumentó la promovente que esta ley, procura coadyuvar con las tareas institucionales de las autoridades educativas, por lo que la bondad de sus disposiciones se encuentra justificada socialmente y por lo tanto merece ser aprobada y apoyada por los sectores social, privado y público.
