Se impartió el curso “Inclusión Penal en el Derecho Administrativo”, con la coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), la Auditoria Superior del Estado (ASE) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas para analizar las modificaciones del Sistema Estatal Anticorrupción, a cargo de Roberto Elías Martínez, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tlaltenango
El magistrado Armando Ávalos Arellano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, aseguró que el curso permitirá la interacción e intercambio de ideas para el Sistema Estatal Anticorrupción; “la exposición del Juez Roberto Elías Martínez Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distritito judicial de Tlaltenango dejará demasiadas enseñanzas”.
Por su parte Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, agradeció la colaboración del Poder Judicial del Estado para ofrecer cursos en temas sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual ha permitido efectuar de mejor manera nuestra labor.
“En dos años se ha trabajado de manera coordinada con el Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscalía Anticorrupción de quienes aprendimos en gran manera”, dijo.
Refirió que en el sistema gubernamental todo acto tiene que ser mediante oficio de lo contrario no se actualiza ninguna causa de justificación; “se tienen tipos penales que exigen la cuestión calidad personal como el Peculado el cual dice, “comete el delito de peculado el servidor público del Estado y Municipio u Órgano Desconcentrado aun cuando sea en comisión, cuando tenga carácter de funcionario que para uso propio o ajeno, distraiga su objeto, valores, entre otras cosas; con ello se demuestra que no todos los trabajadores de gobierno o dependencias estatales o municipales tienen la calidad de servidores públicos”, finalizó.
El curso fue diseñado para personal de la Auditoria Superior de Justicia (ASE), Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai), Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Anticorrupción.
