Con la finalidad de garantizar la seguridad de las mujeres al interior de las universidades del país, el Grupo Parlamentario del PT, liderado por Geovanna Bañuelos de la Torre, propone que las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, cuenten con protocolos y mecanismos para prevenir, combatir y erradicar el acoso y hostigamiento sexual.
La iniciativa que pretende reformar el artículo 15 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo cual el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) deberá emitir los lineamientos y criterios mínimos, con base en los estándares y mejores prácticas internacionales, a los que deberán apegarse los protocolos y mecanismos referidos.
Las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Cecilia Pinedo, Nancy de la Sierra, Alejandra León y los senadores Joel Padilla y Miguel A. Lucero, concuerdan en que es necesario establecer instrumentos de prevención, combate y sanción al acoso sexual.
El movimiento #MeToo iniciado en Estados Unidos y replicado en nuestro país, reveló un sin número de casos de acoso sexual sufrido por mujeres en diferentes ámbitos de la vida.
En el caso de México, el movimiento tomó inercia y especial relevancia a través del hashtag #MeTooEscritoresMexicanos, el cual fue adoptado por otros gremios como el periodístico, el cinematográfico, el político, el docente o académico y el activismo.
“Asimismo, surgieron cuentas relacionadas con distintas universidades, creadas por las propias alumnas o ex alumnas, para invitar a sus compañeras a denunciar casos de acoso sexual y, sobre todo, para presionar a sus universidades, con la finalidad de que tomen las medidas necesarias a fin de prevenir, combatir y erradicar el acoso sexual de las instituciones de educación superior”.
De acuerdo con un estudio realizado a 40 universidades de todo el país por el Observatorio Nacional Para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES), los avances institucionales para erradicar la violencia de género son mínimos.
Por otro lado, los protocolos universitarios que actualmente existen en México se han creado a partir de las redes de solidaridad que tejen las víctimas y no como parte de una estrategia de gobierno para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.
“Esta situación no puede permanecer así, es necesario que el Estado mexicano intervenga para que se establezca la obligatoriedad de las instituciones de educación superior de contar con estos protocolos apegados a los estándares y mejores prácticas internacionales que garanticen y protejan los derechos de las víctimas”, enfatizó Geovanna Bañuelos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y posterior dictamen.
