La procuraduría o la Fiscalía General de las entidades federativas, son las instituciones que cuentan con mayor número de quejas como probables responsables de la violación a los derechos humanos, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2020.
De acuerdo a esta base de datos del 2019, los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las entidades federativas (OPDH), en un 18.9% de los expedientes de queja calificados como violatorios a derechos humanos pertenecen la Fiscalía General de Justicia; le siguen las presidencias municipales o alcaldes con el 12.4%; la Secretaría de Educación Pública con el 11.2%; asimismo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con el 10.1% y la Estatal con el 7.3%.
Entre los hechos violatorios de derechos humanos registrados en expedientes en instancias de seguridad se habla de 5 mil 551 detenciones arbitrarias; además de 5 mil 12 tratos crueles inhumanos o degradantes; 2 mil 143 hechos de tortura; 281 hechos por desaparición forzada, 68 ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias y 22 hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales, siendo la Fiscalía General la institución con más actos de esta índole.
De manera detallada, los tres primeros hechos violatorios por entidad federativa corresponden a la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública con el 8.4%, la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos con el 7.8% y la detención arbitraria con el 4.8%.
Zacatecas y la ejecución extrajudicial de Marcos Benavides
La violación de los derechos humanos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se refleja en el caso de Marcos García Benavides, donde el joven perdió la vida por elementos la Policía de Investigación luego de que lo detuvieran de manera arbitraria.
Lo que llevó a la CDHEZ, a emitir una recomendación dirigida esta instancia debido a que se acreditó la violación del derecho a la vida en su modalidad de ejecución extrajudicial.
