Luego de una audiencia de más de cuatro horas, la jueza de control Esmeralda Castro, dictó vinculación a proceso a la doctora Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ, por la denuncia de administración fraudulenta interpuesta por tres universitarios que consideraron daño patrimonial por la compra de un inmueble.
La defensa jurídica de González Arenas representada por el abogado Federico Soto Acosta, hizo una detalla exposición documental del comportamiento histórico de los préstamos generados en la Fundación sustentados en contratos entre la administración universitaria y la fundación, así como a agremiados al sindicato, sin que hasta el momento se tenga adeudo alguno.
Asimismo argumentó que el patrimonio de la fundación se ha incrementado durante la gestión de la secretaria general del SPAUAZ, al recibirla con un saldo a favor de 778 millones 849 mil pesos y que en la actualidad el saldo es de 900 millones de pesos, lo que refleja una administración eficiente y honesta.
La defensa de la imputada también planteó que de todos los préstamos otorgados no se han hecho asambleas de autorización de los empréstitos, ya que tiene facultades jurídicas y administrativas para hacerlo.
Destacó que no hay impedimento para que la fundación le presté dinero al SPAUAZ, por lo que apegado al principio jurídico de que lo que no está prohibido está érmitido aplica en dicha acción, de acuerdo al principio de legalidad.
Señaló que la Fiscalía de Justicia del estado no realizó los actos de investigación para probar su acusación y no especificó en qué consiste el daño patrimonial que argumentó en la demanda, en tanto que no hay un beneficio directo o indirecto en favor de terceros o de la doctora Jenny González Arenas.
Sin embargo la jueza de Control, Esmeralda Castro desestimó la argumentación de la defensa y estimó que hubo un engaño en la acción de compra, puesto que no fue informado a los agremiados.
Argumentó que el momento del valor de 32 millones de pesos y el periodo para el pago del crédito de 12 años, rebasa la gestión actual sindical y que el crédito se dio con una tasa del 10 por ciento y no del 12 por ciento como se ha hecho en otros empréstitos.
La jueza determinó el plazo del 17 de agosto para el término de ampliación de pruebas e investigación complementaria, y que la imputada no deberá ir a firmar a la unidad de medidas cautelares y que podrá continuar con sus labores que le conciernen como dirigentes sindical.
Sin embargo dictó medidas cautelares para que no se acerque a sus denunciantes y tampoco tenga contacto con la caja de ahorro del sindicato, ya que los ejecutivos de cuenta podrán seguir haciendo las operaciones contidianas.
