Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
La violencia en México no es una sola ni responde a una causa simple. Es muchas al mismo tiempo, se mezclan, se cruzan y terminaron entrando hasta la casa. Están en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la política. El miedo ya no aparece como alarma. Está ahí todo el día. Cuando sales, cuando manejas, cuando revisas el celular. Con él llegaron la desconfianza, el enojo y una forma cotidiana de odio que no siempre mata, pero sí desgasta. Eso también es violencia, aunque no salga en la nota roja.
Nos quieren hacer creer que el problema es moral o cultural, como si todo se arreglara con llamados a “portarnos bien”. Yo no compro esa idea. El fondo es político. El Estado falló cuando dejó de garantizar derechos, justicia e igualdad. Y falló peor cuando quienes tomaron el control de las instituciones entendieron que la ley no siempre se usa para poner límites, sino también para negociar poder o someter adversarios. Cuando el derecho deja de frenar al poder, la violencia no pide permiso: avanza.
En ese contexto aparece el hackeo masivo de bases de datos públicas y partidistas tratado casi como un asunto técnico. Se habla de terabytes robados y de millones de personas afectadas. SAT, Educación, Salud, IMSS Bienestar. No son siglas; son expedientes, historiales médicos, domicilios reales, personas con nombre y rostro. También el padrón de Morena, con datos personales que no deberían circular ni en una sobremesa. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor lo explicó con claridad. Y la respuesta oficial fue el silencio. Un silencio que, en este país, casi siempre significa evasión.
Aquí conviene frenar un momento. Mientras el Estado demuestra que no puede proteger la información que ya tiene, insiste en recolectar más. El registro obligatorio de líneas telefónicas se vende como un trámite administrativo. Como algo inofensivo; no lo es. Cambia de fondo la relación entre el poder y la ciudadanía. Convertir el número de celular, la llave de nuestra vida digital, en identificador legal abre la puerta a la vigilancia, a filtraciones, a abusos y a controles que nadie ha explicado con seriedad; se promete seguridad; se ponen derechos en riesgo.
No es un debate nuevo, los padrones no derrotan al crimen organizado, lo empujan a adaptarse. En cambio sí afectan a periodistas, activistas, migrantes y a cualquiera que necesite proteger su identidad para sobrevivir o para ejercer derechos incómodos. Además crean mercados negros, incentivan el robo de líneas y concentran información que, una vez filtrada, ya no se recupera, el daño no es temporal, es permanente.
El problema no es si “no debes nada”. Ese argumento suele venir de quienes nunca han sido observados desde abajo. El problema real es quién decide, con qué límites y con qué controles, qué se hace con nuestros datos mañana. Hoy es por seguridad. Mañana puede ser por disciplina. Pasado mañana, por conveniencia política.
La paz no nace de conferencias ni de operativos de espectáculo, se construye recuperando el Estado social y democrático de derecho. Entendiendo que el Estado no es “ellos”, somos nosotros. Que los derechos no se piden como favor, se exigen como condición mínima. Y que mi libertad no termina donde empieza la tuya: empieza cuando se une a ella. Sin ese entendimiento, la violencia seguirá mandando, aunque cambie de uniforme.
Cuando el Estado no puede cuidar tus datos pero insiste en contarlos, no está protegiendo a nadie. Está aprendiendo a vigilar mejor. Y eso nunca empieza con botas ni con sirenas. Empieza con trámites “temporales”, registros “inofensivos” y silencios oficiales. Luego ya es tarde para fingir sorpresa.
El debate está abierto, por si quieres seguirlo en mis redes sociales como Carlos Alvarado; por ahora… todavía.
