Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
Hay historias que explican mejor a un país que todos sus discursos oficiales juntos. Una de ellas ocurrió en Mini Numa, comunidad de la Montaña de Guerrero, donde la gente no pedía privilegios, lujos ni una clínica con mármol italiano; pedía algo más elemental y por eso mismo más incómodo para el poder, atención médica, presencia del Estado, una respuesta mínima para no morirse esperando que la burocracia descubriera en el mapa que también ahí vivían personas.
Ante el abandono acudieron al juicio de amparo y pasó algo que hoy suena casi subversivo, un Juzgado de Distrito ordenó al Estado hacer lo que había evitado hacer, garantizar servicios de salud a una comunidad indígena olvidada. Aquello no fue un fallo ordinario, fue el amparo en su mejor versión, no como trámite frío ni expediente empolvado, sino como herramienta viva para ponerle freno al poder y recordarle que la Constitución no fue escrita únicamente para ceremonias, discursos y retratos en oficinas públicas.
Veintitantos años después, la misma tierra cuenta una historia mucho más amarga. La periodista Marcela de Jesús, sobreviviente de un atentado y desplazada desde hace años, acudió a la Corte Penal Internacional para denunciar hechos que considera crímenes de lesa humanidad. Más allá de lo que ocurra jurídicamente con esa denuncia, el dato humano es duro, cuando una víctima tiene que mirar hacia La Haya para pedir justicia, está diciendo sin decirlo que en casa ya no encontró puerta, juez ni institución que le respondiera.
San José de Costa Rica y La Haya se han vuelto nombres demasiado familiares para el dolor mexicano. Ahí llegaron casos como Rosendo Radilla, Fernández Ortega o Rosendo Cantú, víctimas que encontraron fuera del país lo que aquí se les negó durante años. La ironía es tan despiadada que casi parece redactada por un diputado trasnochado, México ayudó a construir buena parte del sistema internacional de derechos humanos y terminó convertido en visitante frecuente de sus instancias, como ese vecino que presume alarma nueva mientras le roban la casa cada semana.
Conviene decirlo claro, estas condenas no pertenecen a un solo partido ni a un solo gobierno; son demasiadas décadas, demasiadas víctimas y demasiados expedientes como para fingir que todo empezó ayer. El problema es más hondo, es una falla de Estado, una costumbre institucional de negar primero, cansar después y reparar tarde, cuando ya no hay manera de devolver lo perdido. Pero también hay que decir que el régimen actual no rompió esa continuidad, la heredó, la administró y en algunos casos la perfeccionó con ese talento nacional para llamar transformación a lo que en la práctica sigue dejando a la gente sola.
Mientras las víctimas buscan justicia fuera, aquí se nos vendió la idea de que elegir jueces por voto popular acercaría la justicia al pueblo. La frase suena bonita, de esas que caben perfecto en una lona, junto a una sonrisa grande y una promesa más grande todavía. El problema aparece cuando uno pregunta qué significa esa cercanía, porque acercar la justicia a la ciudadanía no es lo mismo que acercar al juez al mitin; una cosa es abrir los tribunales a las personas y otra convertir la función jurisdiccional en pasarela de simpatías, aplausos y cálculo político.
Ahí aparece el juicio de amparo, que durante años fue la herramienta más poderosa del ciudadano frente al Estado. Era imperfecto, técnico, lento y muchas veces desesperante, sí, pero seguía siendo el espacio donde una persona podía decirle al poder que había cruzado una línea. Hoy esa herramienta se encuentra cada vez más cercada, sobre todo cuando el propio poder reforma la Constitución y luego se blinda contra cualquier revisión, como quien rompe el vidrio, se declara dueño de la ventana y todavía cobra la reparación.
La distancia entre Mini Numa y La Haya está precisamente ahí. En Mini Numa, un juez creyó que el Estado podía ser obligado a corregir una injusticia; en La Haya, la víctima parte de una idea mucho más triste, que el Estado ya no solo fue omiso, sino que pudo ser parte del problema. Cuando eso ocurre, el amparo deja de parecer camino y empieza a parecer recuerdo, una postal vieja de un país donde todavía se pensaba que los tribunales podían contener al poder.
Hace veinte años una comunidad indígena logró que un juzgado mexicano obligara al poder a construir lo que se le había negado. Hoy, desde esa misma región herida, las víctimas miran hacia La Haya porque aquí la justicia parece caminar con bastón, pero la propaganda corre maratones.
Ese contraste debería avergonzarnos más que cualquier informe internacional, porque no habla de una derrota técnica, habla de una renuncia interna, de un país que fue capaz de producir Mini Numa y ahora parece conforme con producir expedientes sin respuesta.
La justicia internacional existe para actuar cuando el Estado falla, por eso su presencia no debería celebrarse como triunfo, sino leerse como síntoma. Y la lección, debería ser que permitir este velorio institucional, sería sencillo, si la justicia mexicana sigue presumiendo cercanía mientras las víctimas compran boleto al extranjero, algún día habrá que poner una ventanilla de orientación en los aeropuertos, junto a migración, equipaje y objetos perdidos, para preguntar no solo a dónde viaja usted, sino de qué tribunal mexicano viene huyendo.
