Por Elena Anatolievna Zhizhko
En México, los migrantes internos son muchos más que los que se desplazan a los Estados Unidos. A nivel nacional, migran 15 millones de personas al año de los que 3.5 millones son jornaleros agrícolas (población potencial (jornaleros agrícolas y sus familias) es aprox. 5.2 millones) (datos ENJO[1]): 53% son varones y 47% mujeres. Asimismo, el 70% de los jornaleros agrícolas son representantes de distintas etnias indígenas.
En general, de los hombres y mujeres que se ocupan como jornaleros agrícolas en los estados de la república formando el “ciclo agrícola del noroeste”, 90% trabajan para grandes empresas agrícolas que se dedican a la exportación de productos. Estas encuentran en los emigrantes una mano de obra flexible, que se adecua al trabajo arduo y agotador, sin contrato ni derechos laborales (Paleta Pérez, 2012, p.17).
Se desarrollan tres modalidades migratorias: pendular (van y regresan a comunidades de origen), golondrina (se desplazan en varias regiones); asentada en zonas de trabajo.
Es importante señalar que sobre la problemática de los jornaleros agrícolas migrantes existen varios estudios sociológicos con diversas orientaciones metodológicas y conceptuales. Se hallan las vertientes de análisis que están interesados en la salud de los jornaleros, en la aplicación de pesticidas y agroquímicos en diversos cultivos (Palacios, 2004; Seefoó, 2005; Olimón, 2005, entre otros). Otras indagaciones están dedicadas a las experiencias y condiciones de vida de jornaleros en los campos de cultivo y en sus comunidades de origen, registran y exhiben las condiciones frágiles y de explotación intensa que experimentan los jornaleros agrícolas y niños trabajadores; abordan temas de relaciones de género, poder y explotación laboral junto con testimonios e imágenes (Torres, 1997, Talavera, 2005; Galindo, Landa, 2007; Sánchez, Rodríguez, 2008; Jiménez, 2010, 2016; Paleta, 2011; Paleta, 2012, entre otros).
La mayoría de las investigaciones documentan la dificultad de identificar a los jornaleros agrícolas por ser grupos de migrantes con una alta movilidad espacial; los caracterizan como grupos heterogéneos con adscripciones étnicas diferentes y como grupos demandantes de servicios educativos y atención gubernamental.
Los investigadores destacan que la estructura de poder en los campos agrícolas consiste en una pirámide que tiene en la cima al dueño de la tierra debajo de él está el capataz contratista responsable de reclutar a la cuadrilla de trabajadores y sus deberes incluyen muchas veces proveer de vivienda, alimento y bebidas a ésta. En la base de la pirámide se encuentran los trabajadores o jornaleros agrícolas, quienes sólo cuentan con su fuerza de trabajo y poseen más desventajas sociales y políticas que todos los demás. No tienen derecho a organizarse en sindicatos y en ocasiones no son contratados durante todo el año o son subcontratados; si existe una sobreoferta de trabajo, tienen que laborar durante jornadas más largas, sin descanso; no se les remuneran las horas extras, no cuentan con instituciones de salud, sufren las consecuencias de los pesticidas, carecen de vacaciones pagadas y no gozan de una pensión. La situación de la vivienda es deplorable: viven en chozas de lámina y madera (de 8 a 10 personas) o bodegas (de a 60 personas), sin servicios sanitarios mínimos, siempre saturados pagando el alquiler de 10 a 40 pesos.
El uso de mano de obra barata de los jornaleros agrícolas migrantes en México, es una práctica habitual. Así, por ejemplo, en el municipio de Ensenada, Baja California, empresas agrícolas transnacionales contratan mano de obra barata en condiciones infrahumanas, tanto al interior de los campos agrícolas como en los asentamientos fuera de estos. A su vez, a Nayarit al cultivo y corte de tabaco, caña, frijol y chile anualmente llegan 80 mil jornaleros, en su mayoría indígenas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Sierra de Nayarit (coras y huicholes).
En Michoacán, trabajan 120 mil jornaleros que llegan de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. En Sonora, 85 mil trabajadores llegan a Caborca, Pesqueira, Empalme, Guaymas, Hermosillo. A Baja California Sur, llegan cada año 25 mil jornaleros indígenas del sur del país (Oaxaca, Guerrero, Veracruz), a 40 ranchos exportadores de hortalizas del Valle del Vizcaíno, Terrasanta, La Paz.
Más de 25 mil jornaleros agrícolas indígenas del estrado de Guerrero, se desplazan cada año hacia Sinaloa. La migración de los jornaleros agrícolas indígenas de Oaxaca, tiene un fuerte carácter étnico: zapotecos de valles centrales y sierra sur, mixtecos y triquis, de la Mixteca; mazatecos, mixes, chinantecos, amuzgos, chatinos. A menudo son familias completas al margen de las prestaciones sociales, sin estabilidad laboral, habitan viviendas sin servicios y son objeto de atropellos a sus derechos humanos. En lugares donde se hospedan no hay servicios básicos como luz, agua potable y drenaje, además se vive en hacinamiento e insalubridad.
La situación de los jornaleros agrícolas en el estado de Zacatecas, es un fiel reflejo de la realidad de este grupo de los trabajadores migrantes a nivel nacional. En Zacatecas, como importante productor de chile seco, frijol, maíz, uva, tomate rojo, tomatillo, ajo, cebolla, guayaba, avena, cebada, se recibe la mano de obra (más de 5 mil personas), sobre todo, indígena: los jornaleros wixarika de San Sebastián Teponaxhuatlan, Tuxpan de Bolaños, San Andrés Cohamiata y Santa Catarina Cuexcomatitlan (Nayarit), los de Veracruz y Huasteca potosina (Río Verde), los tlapanecos, tepehuanos de Aguascalientes, Durango, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, así como de los municipios del estado: Saín Alto, Villa Hidalgo, Pinos, Sombrerete, ‑ llegan a campos de Fresnillo, Calera, Jerez, Jalpa, Juchipila, Tlaltenango, Loreto, Villa de Cos (Jiménez, 2016).
77% de los migrantes viajan con toda la familia; 8% son mujeres solas y 14% son hombres solos. Arriban a Zacatecas en febrero-marzo hasta finales de julio, percibiendo de 70 a 130 pesos diarios por jornadas laborales de 4 a.m. a 13 p.m. Los patrones que contratan a los indígenas, no los registran ante el IMSS; sólo 47% de las mujeres jornaleras embarazadas llevan algún control médico; 12% de jornaleros no cuenta con acta de nacimiento; 92% de hombres mayores de 18 años no cuentan con cartilla militar; 43.4% de niños menores de 8 años no tienen cartillas de vacunación (Jiménez, 2016).
A la vez, es importante señalar que hasta 2010 en el estado de Zacatecas no operaban los programas federales de SEDESOL dirigidos a este sector de la población como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y el programa MONARCA. Tampoco existía algún programa propio de las instituciones de Gobierno del Estado, con excepción de la cobertura muy limitada aunque gratuita, de algunos servicios básicos de salud y acciones de saneamiento público por parte de los centros de salud en estas localidades (principalmente en las de Fresnillo).
Asimismo, antes del 2010, la SEP no implementaba en Zacatecas los programas de CONAFE. En 2010 comenzó a aplicarse el PRONIM-SEP/SEC, aunque con una cobertura muy limitada en relación con el tamaño de la población infantil que requiere del servicio (de 3 a 14 años), de la cual el 56% no asiste a la escuela (1,062 del total de la población); el 66% no cuenta con un servicio educativo apropiado en los lugares a los que migra (sólo cerca del 1% asiste y completa algún grado del nivel preescolar; el 10% completa el 1º grado de primaria, 8% el 2º grado, 7% el 3º grado, 1% el 4º grado y 2% el 5º grado; sólo el 4% completa su instrucción primaria hasta el 6º grado y un 2% alcanza el 2º grado del nivel secundaria. En total, el 94% de los niños requieren del servicio educativo bilingüe (22% no habla ni entiende el español) (Jiménez, 2016).
Sin duda, los datos estadísticos presentados líneas arriba son alarmantes, pero también sorprenden, ya que los documentos internacionales y nacionales rectores de educación de los marginados prestan una atención importante a este grupo de población. No obstante, en Zacatecas no ha habido cambios cualitativos en este sector educativo.
El analfabetismo de un gran número de los jornaleros, falta de educación elemental, desconocimiento de sus derechos, son la causa de los abusos de empleadores hacia los migrantes. Hace falta una real ejecución y seguimiento del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes a través del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) (de hecho, según los reportes de INEA, este programa funciona desde 2005).
[1] Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
