Mediante un comunicado, la mina Peñasquito, en Mazapil, informa que se ha visto obligada a suspender todos los pagos a empleados y trabajadores sindicalizados, contratistas, proveedores y comunidades.
Suspenden, también, todas las contribuciones a fideicomisos, proyectos productivos, becas y programas de inversión social.
La razón: Que desde el 27 de marzo del año en curso, un grupo de personas del ejido San Juan de Cedros, así como miembros y líderes de la campaña transportista Cava, se encuentran bloqueando ilegalmente la operación de la mina Peñasquito, impidiendo la salida y la entrada terrestre, con consecuencias graves.
En una reunión de ese mismo día, con ejecutivos de la empresa, dichas personas exigieron por medio de su representante, Felipe Pinedo, asesor del senador José Jarro, un pago de 442 millones de dólares, por la presunta afectación a un cuerpo de agua en dicha comunidad.
En el boletín se dice que miembros de las comunidades han indicado a la mina Peñasquito que Felipe Pinedo y dos asesores jurídicos recibirían 80 millones de dólares de dicho pago.
El dueño de Cava, Ascensión Carrillo, según el comunicado, utiliza prestanombres de las comunidades para simular tener una organización de transportistas asociados, pero en realidad cobra una comisión importante a los potenciales integrantes de Cava. El señor Carillo demanda un pago de 184 millones de pesos por una supuesta tarifa de desplazamiento que en realidad no es más que una tentativa de extorsión, refiere la empresa.
Mina Peñasquito, de Newmont Goldcorp, anunció este 9 de abril que ya no trabajaría con Cava por sus contantes bloqueos ilegales a la operación de la minera, y por el desgaste económico y moral de tener que enfrentar los intentos de extorsión de Cava.
En el boletín se destaca que en sus declaraciones públicas los bloqueadores insisten en mensajes enfocados al agua y al empleo, pero en sus mensajes privados a la minera exigen montos de dinero, por lo que la empresa no está dispuesta a ceder a esta tentativa de extorsión.
La compañía señala que ha denunciado penalmente a los líderes del bloqueo y que algunos empleados de mina Peñasquito también han denunciado a estas personas por amenazas de violencia de que ha sido víctimas.
El bloqueo de los ejidatarios afecta a la fuente de ingresos de más de 20 mil personas, quienes colaboran de manera directa e indirecta en esta operación minera. Más del 80% de los trabajadores son zacatecanos, y más de 500 son de las comunidades más cercanas.
El comunicado concluye con que la posición de la mina es y será la de mantener el diálogo y buscar soluciones sustentables, por lo que urgen a las autoridades mexicanas y zacatecanas a ayudar a destrabar esta situación, que afecta a muchas personas “por la avaricia de unos muy pocos”.
