Las reglas electorales siguen siendo las mismas que en los inicios de la civilización occidental, cuando los griegos y romanos realizaban campañas políticas, sentenció el doctor Dong Nguyen Huu, experto Electoral Internacional, al analizar el tema de Elecciones y Dinero dentro del Foro Internacional Democracia y Participación Ciudadana que organiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas con motivo de su XV Aniversario.
Su reflexión se enfocó en el fortalecimiento de la reglamentación del control de dinero, demanda a partir de la cual se han creado nuevas instituciones para el rastreo y fiscalización del dinero. Sin embargo, el concepto de dinero es abordado como un concepto ambiguo, mencionó. Cuando hablamos de dinero, hablamos de grupos de poder que van detrás de los intereses para obtener los medios de control institucional.
Es por ello que el dinero es visto como flujo financiero con actores múltiples y contradictorios. Al mismo tiempo el flujo financiero no sólo implica la regulación entre elecciones y dinero, sino también invita a reflexionar sobre el dinero y el poder.
Otro de los factores explica que dependiendo de la distribución del ingreso en los países, la capacidad de compra venta del voto como cultura política, así como la influencia del dinero sobre los procesos electorales, desde su planeación hasta sus irregularidades.
El panelista explicó que es difícil distinguir la frontera que existe entre uso y abuso de los recursos públicos, utilizados en procesos electorales. Los jueces tienen una decisión fundamental, es por ello que el proceso electoral es una cuestión jurídica, no monetaria, pero hay que medir la influencia del dinero en un sistema jurídico. Por último señaló que la dignidad ciudadana y confianza han permanecido como valores lejos del mercado, ya que, dijo, no se puede comprar la conciencia ciudadana.
En otro enfoque, en el tema de fiscalización, dijo que el dinero en campañas políticas se rastrea a partir del: cómo se consigue, quién, a efecto de qué, dentro de los procesos electorales. La integridad de las elecciones se encuentra amenazada por el dinero no regulado.
Por su parte, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, se refirió al financiamiento de partidos políticos, el cual ha caído en un modelo que se basa en tres acciones: regular, limitar y prohibir. A cambio del sistema norteamericano, donde existen diversos mecanismos para la contribución de recursos a las campañas, en México se ha caído en un sistema de regulaciones desde la percepción de la partida presupuestal hasta la fiscalización de recursos.
Expuso que “como las campañas se han vuelto mediáticas, el flujo de dinero es uno de los temas más importantes de revisar.” Las regulaciones de gasto se centran en rubros, como los medios electrónicos, así como el gasto en la compra de votantes. Al mismo tiempo se establecen mecanismos para que estas reglas sean efectivas y vigiladas.
En México a pesar de los controles monetarios a las campañas políticas, sigue siendo uno de los sistemas más vulnerables de intervención del dinero en las decisiones dentro del proceso electoral. “El diseño restrictivo resulta materialmente imposible de respetar o valer bajo los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la eficacia pasa por modificar esos criterios para poder conocer las determinantes que influyen en irregularidades en un proceso electoral.” Es por ello que más que fiscalizar dinero, lo que hay que fiscalizar son normas.
Hoy en día las aportaciones privadas a los partidos políticos no son reportadas en ejercicios contables. Y a pesar de que el financiamiento a los partidos es millonario, la clase política sigue demandando fondos cuantiosos para las campañas políticas.
En el tema de aportaciones privadas a los partidos políticos, las cuales no se encuentran reguladas en todas sus aristas, puso como ejemplo la campaña política de Felipe Calderón reportó en 2006 cero pesos de aportación privada.
El panelista profundizó que en un sistema presidencialista no se puede restringir un disparador de recursos como es el tiempo de campañas, ya que es necesario un contexto de debate y diálogo para llegar a elecciones con cierta conciencia ciudadana.
El modelo útil propuesto por el exponente para la valoración judicial de los procedimientos de fiscalización se ubica en la necesidad de hacer un seguimiento puntual y público del dispendio de recursos en las mismas campañas políticas que permitan dar un enfoque e información al ciudadano a la hora de emitir su voto.
En el turno el doctor Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, se manifestó que los modelos se discuten a partir de los resultados que dan (y que se evalúan cada seis años), y de las expectativas que generan. Es por ello mucho mejor hacer el trazo de dinero a través de instrumentos financieros que el financiamiento de comprobado.
Siguió su línea argumentativa en el sentido de la nueva promoción de reglas, que nacen a partir de los escándalos públicos que genera el uso de los recursos en las campañas políticas. Es así que endeblemente, la autoridad electoral ataja un problema a priori y pierde de vista las condiciones que va a generar posteriormente. Es por ello necesario hacer normas para limpiar elecciones.
Propuso, al igual que el Doctor Dong que el dinero es un concepto abstracto, sin embargo los fines son móviles que se pueden fiscalizar. En ese sentido las instituciones han avanzado en generar instrumentos de monitoreo de los recursos. En ese ejercicio, las autoridades federales han participado de manera importante en el flujo de información que permita determinar el dispendio de recursos en campañas políticas.
Centró como objetivo un nuevo modelo de fiscalización que debe de apostar por la determinación de la autoridad para que el sujeto investigado pueda documentar y comprobar ingresos que se le exigen transparentar, en un lapso de tiempo corto, incluso dentro del proceso electoral.
Se ha evolucionado de una instancia revisora de informes, a una instancia investigativa y fiscalizante. Como ejemplo de avance es donde se genera una nueva política pública a la hora de revisar el gasto de presupuesto de partidos, en el momento en que la autoridad electoral busca la eficiencia del gasto en el porcentaje dirigido para capacitación a mujeres.
Concluyó que el reto no es que el sistema democrático sea controlado por quienes manejan el dinero, sino lograr que el sistema democrático sea quien controle a los que influyen monetariamente en las campañas.
