Como muestra del compromiso del Gobernador Miguel Alonso Reyes con la protección de los afectados por delitos y sus familias, así como con el respeto a sus derechos, se firmó el convenio de colaboración entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) y la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (ProVíctima).
“Esta alianza representa una esperanza y aliento para quienes son afectados por la delincuencia, nos compromete a poner en marcha un Centro de Atención a Víctimas que colaborará con las labores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas cuyas funciones iniciarán a partir de enero de 2013”, afirmó el mandatario.
El Gobernador firmó como testigo de honor el acuerdo que fue signado por el Procurador Arturo Nahle García y Sara Irene Herrerías Guerra, titular de ProVíctima.
El objetivo del convenio es proporcionar atención integral a víctimas u ofendidos de delitos, con acciones en pro de la defensa de sus derechos, para coadyuvar en investigaciones de personas desaparecidas o no localizadas, y promover la protección de sus intereses legítimos por las autoridades competentes.
Servir a Zacatecas, agregó Alonso Reyes, está fuertemente vinculado con el fortalecimiento de las instituciones, las normas y los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia para responder con eficiencia a la demanda de los zacatecanos de garantizar la seguridad y procurar que aquella sea expedita, completa e imparcial.
Por ello, en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 se plasmó la necesidad de establecer niveles de coordinación más efectivos entre las instituciones de los distintos poderes y niveles, así como implementar programas de atención a víctimas, metas en las cuales se avanza con dicho convenio.
Nahle García recordó que, a iniciativa del Gobernador, en agosto pasado se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear en la entidad la Subrocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas.
Algunas de las tareas de este órgano local serán canalizar a víctimas y ofendidos por delitos del fuero común y a otras personas a dependencias y entidades que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional.
Además, deberá proponer e instrumentar políticas institucionales para capacitación y promoción de derechos humanos; fomentar entre los servidores públicos una cultura de respeto a los mismos, y establecer relaciones con otras instancias gubernamentales y no gubernamentales para sentar las bases de colaboración en materia de capacitación.
Podrá también intervenir en la investigación, resolución y seguimiento de las quejas que hagan llegar a la PGJEZ las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos; atender los programas de dichas comisiones relacionados con la procuración de justicia; cumplimentar los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones que realicen los organismos internacionales de derechos humanos.
Todo ello, resumió el Procurador, está dirigido a evitar que las víctimas de delitos enfrenten además condiciones difíciles para su legitimo acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos constitucionales.
Por su parte, la titular de ProVíctima agradeció al Gobernador su disposición para recibir ayuda en materia de atención a víctimas de delito.
Se refirió a la importancia de atenderlas más allá del ámbito jurídico para coadyuvar a que salgan adelante, combinando también la atención sicológica, médica de especialidad, la asistencia social y el acceso a proyectos productivos que permitan su plena recuperación.
Es importante destacar que el convenio antes mencionado permitirá a las instancias estatal y federal compartir información para la conformación de bases de datos de víctimas y de delitos en la entidad, lo cual ayudará a la mejor atención y prevención del fenómeno delictivo.
A la firma acudió la Subprocuradora de Personas Desaparecidas de ProVíctima, Patricia Bugarín Gutiérrez; Juan Antonio Castañeda Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Lucía Alonso Reyes, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF); Angélica Nañez Rodríguez, titular del Instituto para las Mujeres Zacatecanas (INMUZA), y el diputado local Saúl Monreal Ávila, presidente de la mesa directiva de la LX Legislatura.
