Nicaragua está anuente al traslado de 18 reos mexicanos condenados por delitos de narcotráfico, para que cumplan sus sentencias de 17 y 18 años de cárcel en su país de origen, afirmó hoy la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
La magistrada dijo a periodistas que sería “un alivio” una eventual solicitud de México para el traslado de los prisioneros al amparo de un convenio bilateral de cumplimiento de sentencias en sus países de origen.
“Si México quiere llevarlos a cumplir sus penas allá hay un convenio bilateral… sería un alivio, porque el Sistema Penitenciario (nicaragüense) va a estar más desahogado”, aseguró Ramos.
La acción podría realizarse una vez dictada en firme la sentencia, de acuerdo con las leyes locales en la materia. El martes pasado, el Tribunal de Apelaciones de Managua emitió un fallo de reducción de casi 50 por ciento a las condenas a los 18 mexicanos.
La condena de primera instancia de 35 años de prisión para la presunta líder del grupo de falsos periodistas mexicanos, Raquel Alatorre Correa, y Juan Torres Torres -su supuesto lugarteniente-, dictada en enero pasado, fue reducida a sólo 18 años.
El resto de los detenidos fueron beneficiados con una reducción de sus condenas de 34 a 17 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico internacional y crimen organizado, según la decisión del tribunal capitalino.
Ramos defendió la actuación de los jueces de los tribunales nicaragüenses que -a su juicio- han efectuado sus análisis jurídicos de acuerdo con los hechos.
Respecto a la distribución anticipada de los 9.3 millones de dólares incautados a los sentenciados, que los ocultaban en seis camionetas con logotipos de la televisora mexicana Televisa, Ramos dijo que había ocurrido porque era “un delito más que evidente para todo el mundo”.
En este caso, agregó, “nadie puede pensar que se puede absolver a personas que fueron capturadas con las manos en la masa” con una suma de dinero ilegal que las autoridades presumen serviría para la compra de drogas en Costa Rica.
El delito se cometió “a la vista de todo Nicaragua”, afirmó la presidenta del máximo tribunal de justicia y el Sistema Penitenciario “estaba necesitando remodelar las cárceles” para brindar mejores condiciones a los reos.
El Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó el cumplimiento de las penas de manera simultánea y no sucesivas, beneficiando a los procesado con una disminución de casi la mitad de las condenas.
Las seis camionetas con equipos de transmisión y cámaras de televisión fueron donadas a la Policía y el Sistema Penitenciario.
Los fondos incautados financiarán la remodelación de cárceles de alta seguridad para albergar a reos de peligrosidad, según declaró el presidente de la República, Daniel Ortega.
