El daño ya está hecho y sin embargo, pudo haberse evitado, no una ni dos, sino varias veces.
En la séptima clausula del contrato SECOP-PDT-202-2011 para la obra: Primera Etapa Catedral Basílica de Zacatecas (exterior) y fondos documentales, se estipuló que: “Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construcción estipuladas, o conforme a las órdenes estrictas del gobierno del estado, la administración podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios.
Los trabajos realizados en 2012 tuvieron varios fallos y se ordenaron tareas adicionales que tampoco tuvieron la calidad adecuada, según la larga lista de deficiencias e irregularidades emitida por el INAH en esos dos años.
En el siguiente párrafo del contrato decía que dicha labor adicional sería hecha por cuenta de la empresa IA Restaurare y no producirían ninguna retribución adicional. El gobierno estatal podía ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se llevara a cabo la reposición o reparación de los fallos encontrados. La reparación de daños efectuada por la contratista tampoco resultó de buena calidad.
En la clausula décimo segunda del acuerdo, responsabilidades de la contratista, la empresa se obligaba a utilizar materiales y equipo de acuerdo con las normas de calidad respectivas así como a responder por efectos y vicios ocultos y por los daños y perjuicios que “por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar”. Apenas hace un par de días las autoridades estatales hablaron de demandar a la empresa.
La adjudicación del contrato se realizó a partir de la Licitación Pública Nacional No. LO-932063995-N19-2011. El monto fue de 9 millones 801 mil 529 pesos con 99 centavos. En la copia del contrato, sin embargo, se borró el domicilio que proporcionó la empresa cuyo representante en el trato con el gobierno zacatecano fue Edgar Enrique Urban Martínez.
En la clausula décimo quinta, rescisión administrativa del contrato, las partes acordaron que el incumplimiento de cualquier de las obligaciones de la empresa daba derecho a la rescisión inmediata del contrato. Esto tampoco se hizo.
El documento fue firmado en la capital zacatecana el 4 de noviembre de 2011 por autoridades federales como el secretario de Turismo, Pedro Inguanzo, y el entonces titular de la Secretaría de Obras Públicas, hoy delegado de Comunicaciones y Transportes, Luis Alfonso Peschard, además del representante de la empresa.
Lo demás fueron dos año de trabajos deficientes, de recomendaciones del INAH y, a últimas fechas, de una autoridad estatal que reprocha a la empresa la mala calidad de los trabajos cuando pudo invalidar el contrato en cualquier momento.
