MÉXICO.- Seis meses después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Guerrero, las organizaciones internacionales de derechos humanos llaman al gobierno a que “dé su completo apoyo a la labor del recientemente constituido Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que le ha sido encargada la revisión del caso y que implemente sus recomendaciones.”
Subrayan que desde el pasado 19 de marzo, el GIEI ha pedido continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos; que el caso sea tratado como un caso de desaparición forzada; asegurar la preservación de la evidencia; que el gobierno otorgue asistencia médica a las personas afectadas por este crimen, incluyendo a familiares de las víctimas y a Aldo Gutiérrez, el estudiante que continúa en coma por las lesiones sufridas durante el ataque de septiembre; y garantizar que el Grupo tenga acceso a toda la información que necesite, incluyendo una copia digital del expediente judicial, y una entrevista con los militares del 27º batallón del Ejército (en Iguala, Guerrero).
Las recomendaciones iniciales del GIEI van desde ampliar el uso de imágenes satelitales registradas en las noches del 26 y 27 de septiembre, hasta instar al Congreso mexicano a aprobar rápidamente legislación sobre desaparición forzada basada en estándares de derecho internacional de los derechos humanos.
Los defensores humanitarios reconocen que la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González se reunió con el GIEI el 4 de marzo y aseguró que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se mantiene abierto.
Sin embargo, expresan su preocupación por los recientes intentos del gobierno mexicano por deslegitimar y no tomar en cuenta las recomendaciones y observaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como ejemplo los informes del Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
“Mientras el GIEI continúa con su asistencia técnica, solicitamos al gobierno mexicano que cumpla con las peticiones iniciales hechas por los expertos para que puedan continuar con su labor y que implemente oportunamente sus recomendaciones preliminares. “
“La respuesta del gobierno mexicano al GIEI y sus recomendaciones enviará una fuerte señal a los ciudadanos mexicanos y la comunidad internacional sobre el verdadero compromiso del país con la verdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos,” concluyeron.
Las agrupaciones que se unen en este llamado son: Amnistía Internacional, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), JASS (Asociadas por lo Justo), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Robert F. Kennedy Human Rights.
