La corrupción en México se ha disparado de manera desproporcional debido a la falta de voluntad política del presidente de la República para castigarla y frenarla, así como de los gobernadores que se han convertido en una especie de “virreyes” o señores feudales.
Tan solo en el año 2015 de acuerdo a especialistas la corrupción costó a los mexicanos 906 mil millones de pesos, en tanto que el año pasado rebasó sustancialmente los mil millones de pesos.
Para algunos especialistas la corrupción representa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto del país, y de acuerdo al reciente estudio del INEGI, las causas más sensibles para cometer actos de corrupción son: agilizar trámites, evitar multas o sanciones y obtener licencias o permisos.
En la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto los actos de corrupción en los estados del país, se potenciaron de una manera preocupante, y aunque algunos ex gobernadores han sido señalados por una autoridad judicial en México, ninguno ha recibido una sanción ejemplar que sea proporcional a los delitos cometidos.
Es por ello que la percepción ciudadana tiene bastantes elementos para pensar y creer que a los corruptos no se les hace nada y que a los asesinos y secuestradores se les deja libres, en parte por la protección gubernamental que se justifica en el multi cuestionado sistema de justicia penal.
En Zacatecas sucede lo mismo que en el país, la quiebra financiera y el irresponsable endeudamiento en el que se dejó al estado, no ha tenido siquiera una investigación o denuncia ante las instancias federales o estatales, por parte de la administración en turno.
Las denuncias han provenido por personajes que militan en un partido de oposición o que fueron candidatos perdedores en el pasado proceso electoral. Esta condición ha hecho que se desestimen sus demandas ante las instancias judiciales estatales y federales.
En reciente entrevista con Pórtico Online la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, ni siquiera quiso proporcionar los nombres de los ocho ex funcionarios públicos que fueron notificados de una inhabilitación para trabajar en la administración pública, a los cuales, por cierto, no se les han impuesto sanciones resarcitorias.
Todos guardan silencio, el gobierno del estado, el congreso y los partidos políticos, porque algo hay de complicidad entre las irregularidades y saqueos que se hicieron durante el gobierno pasado.
¿Hasta cuándo habrá voluntad política del presidente o de algún gobernador para castigar a los corruptos?
Seguramente cuando la sociedad haga valer su fuerza electoral y su determinación por tener gobiernos honestos, transparentes y no simuladores con piel de oveja.
