Después del encontronazo que tuvieran legisladores locales y activistas en la sede de la Legislatura del Estado, los integrantes de la LXIII Legislatura hicieron uso de dos sedes alternas, a fin de poder discutir y analizar el tema del matrimonio igualitario.
Fue en el Mesón del Jobito y en el restaurante La Cofradía, donde los diputados locales se reunieron a puerta cerrada, hasta que fueron descubiertos por los activistas, tanto a favor como en contra de que se legisle en Zacatecas a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Una vez que llegaron los activistas a La Cofradía, reventaron la sesión, que se realizaba a puerta cerrada en un salón del restaurante, de la que entre gritos, golpes y empujones, los diputados locales tuvieron que salir huyendo a toda prisa, entre ellos la presidenta de la mesa directiva, Susana Rodríguez Márquez.
Una sesión ilegal
La sesión desarrollada en sede alterna, a puerta cerrada, sin declaración oficial ni protocolaria, es ilegal y violatoria de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que prohíbe expresamente la realización de sesiones privadas, señaló Javier Calzada, diputado local por el distrito II de la LXIII Legislatura.
“Esta reunión está estrictamente prohibida, de tal manera que los acuerdos que se están tomando en esta sesión carecen de la legalidad para poder sesionar, no obstante que entiendo las circunstancias en que estamos trabajando, pero no se están dando las garantías para que los medios de comunicación cumplan con su labor, que los ciudadanos se informen y estén definiendo sus intereses”, manifestó.
Esto luego de la instalación de la sesión del pleno en un céntrico restaurante de la capital, habilitado como sede alterna al palacio legislativo en la que Javier Cazada manifestó su desacuerdo y señaló falta de oficio y voluntad política, así como desaseo en la práctica legislativa al intentar sesionar a puerta cerrada para discutir y aprobar asuntos de carácter público y de sumo interés para la sociedad zacatecana.
Durante la accidentada sesión en que se desahogaron varios puntos y fue aprobada la venta de uno de los inmuebles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Javier Calzada emitió su rechazo y votó en contra de la medida al asegurar que, en primera instancia, dicha votación y discusión no reunía los mínimos legales para su efecto por el carácter de ilegalidad en la que se instaló y desarrolló la citada sesión.
“Esta sesión, con la característica de privada, es absolutamente ilegal; tomar una decisión en esas condiciones para enajenar un predio del Issstezac es errónea y seria recurrida legalmente esta decisión”, aseveró.
