Para la regulación de los medios de transporte público del estado, se cuenta únicamente con seis inspectores para la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, estos se encargan de que taxis y autobuses estén en óptimas condiciones y cumplan con las normas establecidas.
De acuerdo con el Secretario General de Gobierno Jehú Eduí Salas Dávila, se han tenido complicaciones serias derivadas de la reciente creación de la Subsecretaría de Transporte Público, anclada a la Secretaria de Gobierno y no a la Dirección de Seguridad Vial, por lo cual se está buscando que se entablen operativos directamente por parte de la Secretaria de Trasporte.
“Lo que hemos estado hablando el secretario Ismael Camberos y yo, es en la elaboración inmediata de un convenio de colaboración entre la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), a través de la policía de Seguridad Vial, necesitamos fortalecer la inspección y las vigilancias y todo lo que tiene que ver con las denuncias que se presentan en relación al trasporte público”.
El secretario de Gobierno lamentó que se tenga esta limitante en el número de elementos en la subsecretaria, pero se mostró optimista del trabajó que se realizará al estrechar el convenio de colaboración son la Secretaría de Seguridad Pública, “vamos a darle legalidad a los actos que puedan hacerse por parte de seguridad vial, y estamos seguros de que bajo este mecanismo vamos a redoblar las potencialidades que tenemos en la secretaria de trasporte público”.
Respecto al número de inspectores que se requieren, Salas Dávila, no dio una cifra exacta, ya que dijo depende de los operativos que se vayan presentando, ejemplificó que en septiembre y diciembre se requiere el triple de lo que comúnmente se necesita en otras épocas del año, y aseveró de que con el esfuerzo que se ha estado haciendo y el reforzamiento a la dirección de Seguridad Vial se podrán coordinar todos los trabajos de inspección y verificación del transporte público, sobre todo para darle legalidad a los actos que ellos realicen.
El Secretario General de Gobierno también dijo desconocer el número de concesiones que a la fecha se han revocado, sin embargo, aseguró que son varias, derivado principalmente de aquellas concesiones que están activas y que no están funcionando en todo el estado, algunas han sido retiradas por la extinción, de la misma concesión.
La conservación o la cancelación de una concesión dijo depende de la conclusión de un proceso jurisdiccional, ya que es al final de cuentas el poder judicial quien determina la responsabilidad no presunta sino definitiva de los actos cometidos para que nosotros podamos concluir de forma contundente los procesos administrativos.
