El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer la terminación anticipada del contrato para la construcción del segundo piso “para evitar mayores riesgos al erario público” y evitar el congelamiento de recursos para asegurar que la inversión se canalice hacia otras obras del programa Movilidad para el Bienestar.
En conferencia de prensa el funcionario gubernamental subrayó que la terminación del contrato implicará una revisión financiera conjunta con la empresa (HYCSA) para establecer condiciones de cierre, sin comprometer el patrimonio público.
Precisó que esta decisión no significa el abandono del proyecto de movilidad, sino su reconfiguración, ya que “los recursos se reasignarán en nuevos proyectos de infraestructura que serán anunciados próximamente por el Gobernador David Monreal Ávila”.
Anticipó que, según estudios, en 2027 el boulevard metropolitano colapsará por falta de alternativas viales, como ya advierten estudios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “cuando eso ocurra, la historia juzgará a quienes, por intereses políticos, paralizaron esta obra”.
El secretario general de Gobierno arremetió contra los jueces que otorgaron nueve suspensiones, algunas provisionales y otras definitivas, al tiempo que consideró que en los juzgados hay “una profunda corrupción”.
Reyes Mugüerza confió en una opinión favorable de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), al tiempo de cuestionar lo que consideró “la imparcialidad de las decisiones emitidas por los jueces involucrados, quienes, a pesar de que el Gobierno de Zacatecas cuenta con los permisos requeridos por instancias federales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), decidieron suspender los trabajos”.
El secretario de Gobierno señaló que hay una “profunda corrupción” en los jueces que actúan en colusión con actores políticos opositores para suspender la construcción del viaducto elevado y el progreso de la entidad.
Especificó que los titulares de los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito han concedido nueve suspensiones —algunas definitivas, otras provisionales— en respuesta a 14 amparos promovidos por militantes de partidos como Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano; “la corrupción judicial ha alcanzado niveles alarmantes, están usando tecnicismos para bloquear el desarrollo”.
Denunció que “es un caso de politización de la justicia. No es ciudadanía; son menos de 100 personas las que han promovido estos amparos, escudados en el discurso ciudadano para ocultar intereses políticos”.
