El ejercicio periodístico y los derechos a la información y la libertad de expresión son pilares fundamentales en cualquier país que se precie de ser democrático y plural.
Cuando un régimen se quiere erigir en una dictadura lo primero que hace es atacar al periodismo libre y eliminar las opiniones ciudadanas divergentes.
Hace siete años el régimen morenista tomó el camino de la mordaza y la intolerancia.
Desde “la mañanera”, en la sección “Quién es quién en las mentiras”, Andrés Manuel López Obrador desacreditaba las notas que le eran incómodas.
“Yo tengo otros datos” fue la frase favorita para refutar la información sobre corrupción de su administración.
La Presidenta Claudia Sheinbaum sigue al pie de la letra el manual para callar a periodistas y medios de comunicación:
Mantiene la conferencia mañanera como herramienta propagandística; volvió oficialistas a los medios de comunicación del Estado; y fortaleció el equipo de influencers que la alaban en redes sociales.
Ahora, el régimen allana el camino a la censura ciudadana al imponer castigos ejemplares a quienes opinan diferente.
El abogado Carlos Velázquez de León fue obligado por la FGR a pedir disculpas públicas al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
La ciudadana Karla María Estrella fue sancionada por el TEPJF por el uso sus redes sociales para criticar el nepotismo en una candidatura del PT por su lazo familiar con el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
El castigo desproporcionado por supuesta “violencia política de género” es el pago de una multa, pedir disculpas por 30 días en redes sociales, ingresar al padrón de violentadores y tomar cursos de reeducación.
El Tribunal Electoral también investiga a la conductora Laisha Wilkins por responder a un post sobre una candidata ganadora en la elección Judicial.
En Puebla, el gobierno de Alejandro Armenta aprobó la Ley de Ciberseguridad, que deja abierta la posibilidad de que políticos denuncien a ciudadanía que les critique en redes sociales.
El periodista Jorge González fue procesado por “incitación al odio” en contra de la Gobernadora de Campeche, Layla Sansores. Lo que denunció fue la corrupción. Para amedrentarlo le obligan a pagar 2 millones de pesos como indemnización, no ejercer el periodismo por dos años y bajar del Internet su medio de comunicación.
Claro, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar a favor de esas acciones que inhiben la crítica y fomentan el temor y la autocensura.
En el PAN rechazamos la intimidación y censura. Exigimos al gobierno federal proteger el ejercicio periodístico y garantizar las libertades de expresión e información.
Noemí Luna
Diputada Federal
