Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
El diputado Santos Antonio González puso el dedo justo en el hoyo. Si un bache te rompe el coche, el municipio debe pagarlo. No es un favor del alcalde ni una ocurrencia de campaña, es ley vigente en Zacatecas. Y no solo aplica para la capital, sino para todos los municipios del estado.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Zacatecasestablece que cuando una autoridad causa un daño que tú no estás obligado a soportar —como un vehículo afectado por una calle en mal estado—, el gobierno tiene la obligación de indemnizarte. Así de claro.
No se trata de buscar culpables políticos, sino de entender que los municipios están legalmente obligados a mantener sus calles en condiciones seguras. Si no lo hacen, deben asumir las consecuencias. La ley incluso prevé que cada ayuntamiento tenga una partida presupuestal específica para pagar estas indemnizaciones. Y si el daño es mayor al dinero disponible, el pago puede realizarse en parcialidades, pero debe cumplirse.
La Suprema Corte ya lo confirmó: cuando una autoridad incumple su deber de mantener en buen estado las vialidades, viola el derecho de las personas a una buena administración pública. No se trata de mala suerte ni de accidentes inevitables, sino de omisiones concretas. El Estado tiene el deber de prevenir y reparar.
¿Qué puede hacer un ciudadano? Documentar el daño, conservar facturas, fotografías y reportes, y presentar su reclamación ante el municipio. El tiempo para hacerlo es limitado, por lo que conviene actuar pronto. Si el daño afecta la integridad física o mental, la ley da un plazo más amplio. La reparación puede ser en dinero o en especie, pero debe ser real, justa y completa.
Y atención: si la autoridad local termina pagando por culpa de la negligencia de un servidor público, ese funcionario no debería esconderse bajo el pavimento. La ley permite que el municipio le cobre a quien falló, para que el costo de la incompetencia no se entierre en el presupuesto ni en el silencio.
Nada de esto es un capricho legal. Es parte de una idea mucho más grande: la de un gobierno que responde, literalmente, por los baches que deja. Cuando el ciudadano reclama, no está siendo conflictivo, está ejercitando sus derechos y, al mismo tiempo, fortaleciendo la cultura de la legalidad.
Porque construir un Estado de Derecho sólido no se logra solo con leyes en papel. Se necesita una cultura de cumplimiento y un respeto real por la norma. La impunidad erosiona la confianza, pero cada acto de justicia siembra orden. La educación y la ejemplaridad, tanto en las aulas como en los pasillos del poder, son esenciales. No es solo tarea de los políticos, sino de cada ciudadano transformar la realidad.
Moraleja: El bache más profundo no está en la calle, sino en la costumbre de no exigir cuentas. Mientras no aprendamos a reclamar, seguiremos caminando sobre el mismo hoyo… pero con discurso nuevo.
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