ZACATECAS.- El abogado Jorge Rada Luevano, se posicionó contra el nombramiento de Verónica Yvette Hernández como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), califandoló como un “conflicto de interés”.
El Poder Judicial de la federación sancionó a la actual auditora de la ASE cuando fungía como Secretaria de Administración del gobierno de David Monreal, porque hay incumplimiento de sentencias, de suspensiónes provisionales y definitivas, donde se sancionó a la secretaria de Administración porque fue la presidenta de la Junta Directiva del ISSSTEZAC”.
En este contexto especificó que “estos son impedimentos legales muy importantes para ejercer la función pública en ese cargo tan importante. Fue sancionada e incluso, hay denuncias en la Fiscalía General de la República por desacato judicial”.
“No necesitamos ser expertos en derechos administrativo para saber que la persona que visiblemente desempeñó una función como secretaria (de Administración) en el mismo periodo, vaya a fungir como titular de la Autoría Superior”.
Refirió que la ASE constituye el principal órgano técnico de fiscalización, cuya función descansa en los principios de independencia, objetividad, dependencia y autonomía.
Por lo que la titularidad de la misma, debe cumplir con los requisitos formales y acreditar una idoneidad reforzada, libre de cualquier elemento que comprometa o que ponga en duda su actuación frente a los entes fiscalizados.
En referencia a la existencia de conflicto de interés, Rada Luevano, declaró que la nueva titular de la ASE la cual entrará en funciones el próximo junio, existen documentos oficiales en donde Verónica Yvette Hernández López de Lara formó parte de la Junta directiva del Issstezac en calidad de presidenta del órgano, mismo que ha sido objeto de notificaciónes formales derivadas de resoluciones jurídicas, requerimiento de cumplimiento e imposición de medidas de apremio y sanciones económicas.
Por lo anterior el abogado litigante, externó la necesidad de un control previo y transparente, ya que resulta indispensable que el proceso de designación observe estándares reforzados de control democrático para requerir a la persona propuesta, declaración de intereses, informe sobre su participación en órganos colegiados y decisiones relevantes, además de valorar la existencia de posibles impedimentos materiales o éticos para el ejercicio de cargó, la realización de comparecencias públicas en las que existan cuestionamientos técnicos sobre independencia y conflicto de interés.
