Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
El tema de la violencia en Zacatecas enterró a otros de carácter político, económico y turístico que duermen el sueño de los justos, pero que no están en el olvido sino latentes porque no han sido resueltos.
Desde finales del sexenio de Amalia García la violencia en Zacatecas empezó a asomar su rostro descarnado. La delincuencia organizada logró generar una sensación de miedo entre la población, a causa de los diferentes hechos de impacto que se registraron, desde fugas masivas en el Cereso de Cieneguillas hasta el asesinato de policías y agentes de tránsito.
Pero el tiempo que vivimos no tiene parangón. Durante los años 2007, 2008 y 2009 se generaron 66; 74 y 78 homicidios dolosos respectivamente y, ya para finales del año 2010, la cifra se elevó a 111 homicidios dolosos. Así se cerró aquel año de administración perredista.
Empero durante la administración priista de Miguel Alonso Reyes la cifra se elevó preocupantemente, a pesar de que se invirtieron más de 4,500 millones de pesos en seguridad pública.
Pese a que en el discurso se gritó a los cuatro vientos de que en Zacatecas se había derrotado a la inseguridad, las cifras vociferaron todo lo contrario: en los años 2011, 2012 y en el 2016, la cifra de homicidios dolosos se incrementó a 119, 195 y 449 respectivamente.
El número de secuestros y desapariciones en la entidad zacatecana también han estado a la alza, situación preocupante que el jueves pasado llegó al congreso cuando el diputado de Morena, Luis Medina Lizalde, pidió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), integre un registro de personas desaparecidas en la entidad, durante el período del 28 de diciembre de 2016 al 31 de marzo del presente año.
Para sintetizar el comportamiento a la alza de los homicidios dolosos en Zacatecas, basta decir que en lo que va del presente año, se han generado poco más de 180 homicidios dolosos.
En este escenario la administración priista del gobernador Alejandro Tello Cristerna tiene un serio problema, no solo de contención de la criminalidad y de los hechos de impacto que genera, sino de discurso político y manejo mediático.
En cuanto a la contención, a casi ocho meses de su gobierno, no ha dado a conocer un plan concreto de contención.
Las campañas No te involucres y La Estrategia Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, dada a conocer esta última el pasado miércoles 22 de marzo, no han arrojado los resultados esperados en el corto plazo.
Si bien es cierto son esfuerzos del gobierno estatal en materia del prevención del delito, el plan de contención y combate a la violencia no ha sido presentado por el Ejecutivo del estado.
En lo que se refiere al discurso y manejo mediático de la problemática de violencia en el estado, la situación está peor debido a las contradicciones en las que se incurre en el posicionamiento de los temas en los medios de comunicación social.
El enfrentamiento suscitado en el municipio de Nochistlán es una muestra de la contradicción del discurso político. La intervención tardía de la Secretaría de Seguridad del gobierno del estado a cargo del general Froylan Carlos Cruz, evidenció la ausencia de coordinación entre las instituciones de seguridad y la debilidad de las fuerzas armadas en el estado.
La refriega que duró aproximadamente 30 minutos mostró la capacidad de fuego y de efectivos de la delincuencia organizada.
Lo inconcebible es el parte oficial que dio a conocer el vocero en materia de seguridad del gobierno estatal, Marco Antonio Vargas Duarte, al señalar que no se registraron muertos ni heridos, después de que se percutieron más de 1,500 cartuchos.
Lo más preocupante es que el gobernador Alejandro Tello reconoció que hubo una acción tardía en el enfrentamiento del martes pasado en Nochistlán, pero cuando fue cuestionado si cambiaría al secretario de Seguridad Pública, mencionó que le tenía fe.
Tello Cristerna fue entrevistado el miércoles después del mediodía pero no estaba plenamente informado de los hechos. Declaró a los reporteros de la fuente que por la tarde de ese día habría una reunión con la Coordinación en materia de Seguridad.
Y fue hasta el jueves que el procurador General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, se trasladó a Nochistlán para hacer un recorrido por el lugar de la balacera. La acción gubernamental siguió siendo tardía.
Nochistlán es uno de los cinco pueblos mágicos del estado y es gobernado por el Partido del Trabajo. El ayuntamiento hace su esfuerzo por aprovechar su designación turística para atraer visitantes, pero su debilidad en materia de seguridad podría ser su principal Talón de Aquiles, no solo para esta demarcación municipal sino para el resto de los 57 municipios que conforman la geografía zacatecana.
En el 2010 y 2011 la afluencia turística en el estado registró una de su más sensibles bajas a causa de la inseguridad en las calles y carreteras, a lo que se agregó el boletín de los Estados Unidos, Canadá y España, en el que advertían a sus ciudadanos no viajar a Zacatecas porque su seguridad no estaba garantizada.
La actual administración tiene el reto de iniciar acciones efectivas de contención al crimen organizado para bajar, no solo la percepción ciudadana de inseguridad, sino para disminuir el índice de hechos de impacto y homicidios dolosos que en el presente año se han disparado de manera preocupante.
Hay otros temas que están latentes en el estado como el desempleo. De acuerdo a datos publicados por el Inegi, el año pasado la desempleo en Zacatecas creció de 2.7% al 3.1%. En el arranque del primer trimestre del presente año, no se observan acciones tendentes a incrementar el empleo en la entidad.
Aunado a lo anterior el gobierno del estado incremento los impuestos locales y creó otros, entre los que destaca el Impuesto a la Nómina; Impuesto a Infraestructura; Impuesto sobre Adquisición de Bienes Muebles; Impuesto a favor de la UAZ y el Impuesto de Responsabilidad Ambiental también llamado Impuesto Minero, que fue rechazado por la Presidencia de la República al interponer la controversia constitucional a este gravamen estatal a través de la consejería jurídica. La decisión aún permanece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un escenario verdaderamente complejo en distintos ámbitos se vive en Zacatecas en la antesala de la elección presidencial que por cierto, el próximo año se empata con la estatal.
Al tiempo.
