La frase que se le atribuye al presidente Benito Juárez que dice: “A los amigos, justicia y gracia…A los enemigos, la Ley”, cobra fuerza en estos días y no precisamente por la aplicación de la Ley a secas, sino por la manipulación que de la ley y la justicia se ha hecho en nuestro país.
La ley se tuerce o se retrasa, se aplica o no, según el interés supremo de quien tiene el poder.
Este poder puede estar acunado no solamente en el presidente de la república, sino en otro poder, el Judicial. Pero si vamos en orden descendente puede tenerlo un juez, un abogado influyente, un secretario de actas, un Ministerio Público u otros personajes menos relevantes en la escala del poder público.
El fin de semana pasado un grupo destacados de intelectuales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto que “Si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consencuencia. De lo contrario el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios y democracias totalmente disfuncionales”.
El breve pero contundente texto publicado en la revista Nexos destaca que “México es una democracia joven con instituciones débiles. El uso del Ministerio Público Federal para perjudicar al candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, erosiona añun más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano”.
El uso discrecional, unipersonal y dependiente de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías estatales, ha debilitado la estructura de impartición de justicia y el combate no solo a la criminalidad, sino a otro tipo de delitos el daño patrimonial.
Mientras se persigue a un político y aquí también habría que recordar el pretendido desafuero contra Andrés Manuel López Obrador que intentó el gobierno del presidente panista Vicente Fox, se deja a un lado a los ex gobernadores que han dañado seriamente a las finanzas estatales.
En este sentido habría que recordar que de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de 2012 a 2016, 28 priistas han gobernado o siguen gestionando 22 estados del país. Durante ese período han dejado pendiente de solventar hasta enero de 2018 más de 140 mil millones de pesos recibidos, tanto de gasto programable como de participaciones.
Dicha cantidad de dinero equivale al 31 por ciento más del presupuesto de este año destinado a la Sedesol o el 15 por ciento más de lo destinado para la Secretaría de Salud.
Lo peor es que, de todos los gobernadores implicados, solo el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, está preso. El resto de los ex mandatarios, lejos de estar bajo proceso por parte de la PGR, están en algún cargo político, escondidos o en un cargo público como el ex gobernador de Zacatecas.
Esta es la justicia mexicana: “A los amigos, justicia y gracia…A los enemigos, la Ley a secas”.
