Apenas el cuatro de septiembre el Notario Público Tarcisio Félix Serrano se apersonaba en la sede del congreso del estado. Frente a él, sentados en una mesa redonda los miembros de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la 62 legislatura lo miraban expectante.
El notario púbico número 7 había llegado acompañado por el Secretario de Administración del gobierno del estado, Jorge Alejandro Escobedo Armengol, para obtener las firmas de los legisladores respecto al contrato de “donación condicional” de 22 mil 391 metros ubicados en Ciudad Gobierno, en donde se construiría en un lapso no mayor de cinco años la nueva sede del Poder Legislativo de Zacatecas.
Faltaban solamente tres días para que concluyera el período de la 62 legislatura y la firma del “convenio condicional” se pactaba como un triunfo en la ruta de concreción de la nueva sede legislativa.
Pero pasó apenas un mes y unos cuantos días cuando viene un cambio de jugada por parte del Poder Ejecutivo. El gobernador Alejandro Tello Cristerna le da una vueltereta a la propuesta inicial.
La semana pasada le propuso a la incipiente 63 legislatura que mejor aprovechen el elefante blanco del Centro Cultural Toma de Zacatecas que lleva más de dos años en el abandono y en un progresivo deterioro, para que lo adapten y esa sea la nueva sede del Poder Legislativo zacatecano.
Sin mostrarse un proyecto integral que avale la viabilidad de adaptación de la sede legislativa, el mandatario planteó la propuesta a los diputados para que aprovechen las instalaciones del edificio, que fue inaugurado entre goteras y charcos de agua en su interior por el ex gobernador Miguel Alonso Reyes.
No se tomó en cuenta tres factores que son importantes a considerar: la construcción aún está bajo observación de la autoridad auditora; se encuentra ubicado en Guadalupe, Zacatecas y no en la capital del estado y además; se sitúa en una zona llena de colegios que complican fuertemente el tráfico, además de que no cuenta con un estacionamiento adecuado y suficiente y no hay rutas de transporte urbano.
¿Quién asesoró al gobernador con esta genial idea?
¿Quién insiste en impulsar esta propuesta que a todas luces es inviable y manifiesta una seria contradicción en el convenio condicional firmado con la 62 legislatura?
