Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico
La Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” enfrenta retos y complejidades en el ámbito institucional y al exterior frente a los poderes públicos, tanto nacionales como estatales, en un escenario en el que algunos representantes populares muestran la falta de visión para fortalecer a la institución educativa y cultural más importante de Zacatecas.
Víctima de las contradicciones de la LXIII legislatura zacatecana que primero le otorga le nominación honorífica de “Benemérita”, por la gran contribución al desarrollo del estado y, meses después, pone en duda el manejo y administración de sus finanzas, basado solamente en la publicación de una nota periodística que da cuenta de la crisis por las que atraviesan, por lo menos, diez universidades públicas. Esa es la profundidad del análisis.
En el marco del 50 aniversario de su conversión a la autonomía, la Máxima Casa de Estudios del estado de Zacatecas recibió el rango de Benemérita por parte del congreso estatal el pasado 21 de febrero, “por su importancia en la vida histórica del estado y del país, y por su aportación al desarrollo del estado y de la región”.
Pero seis meses después el congreso aprueba citar a comparecer al rector, Antonio Guzmán Fernández, para que de cuenta de la situación financiera de la institución.
Todo empezó en la sesión de la comisión permanente de la LXIII legislatura el pasado 31 de julio, cuando la diputada de Morena, Mónica Borrego Estrada, planteó el punto de acuerdo para que compareciera el rector debido al “riesgo de cierre” de algunas universidades por la precariedad financiera que registra junto con otras nueve instituciones públicas de educación superior en el país.
Uno de los argumentos de la legisladora fue que como el rector había anunciado la ampliación de la oferta educativa, ello implicaría la contratación de nuevos docentes y “por eso la Universidad tiene la obligación de explicar si para implementar esos programas se tiene garantizadas las fuentes de financiamiento”.
El débil argumento cae por su propio peso. El rector Guzmán Fernández ha declarado en repetidas ocasiones ante los Medios de Comunicación que la apertura de nuevos programas con los que se diversifica la oferta educativa, no se contratará más personal, sino que se optimizará la actual planta docente. Pero ese no es el fondo de la comparecencia.
Fue el jueves 30 de agosto cuando en la sesión ordinaria se leyó y aprobó el dictamen para citar al rector para que informe detalladamente ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la LXIII legislatura, la situación financiera de la Máxima Casa de Estudios del estado, y explique las estrategias y acciones para responder con efectividad a los compromisos económicos que tiene la institución.
El Poder Legislativo del estado tiene la atribución de citar a todo aquel funcionario o representante de algún organismo autónomo y por supuesto, a todo aquel que maneje recursos estatales. El artículo 21 de la Ley Orgánica así lo establece en el apartado III que especifica “Vigilar el ejercicio del gasto publico;”
Llama poderosamente la atención que ninguna legislatura haya citado a comparecer a algún rector por el fuerte endeudamiento al que sometieron a la institución, después de haber sido condonada su deuda histórica en dos ocasiones.
En la actual administración rectoral de Antonio Guzmán Fernández el endeudamiento no solo se contuvo, sino que además la institución está cumpliendo con mucho esfuerzo con el pago a la seguridad social con el ISSSTE y el cumplimiento en sus contribuciones fiscales con la Secretaría de Hacienda.
Hasta el 30 de junio del año en curso los pasivos acumulados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de seguridad social que heredó la actual administración de períodos rectorales pasados son los siguientes: ISR: 225 millones de pesos; Fovissste: 248 millones 216 mil 090 pesos; SAR-RCV: 889 millones 586 mil 040 pesos y cuotas ISSSTE: 560 millones 650 mil 657.53 pesos. Estas cantidades suman Un mil 923 millones 452 mil 787.94 pesos.
Ante esta situación el Poder Legislativo ha evadido históricamente citar a comparecer a los rectores que causaron la deuda mencionada, pero inexplicablemente cuando se ha logrado contener con un programa de racionalidad en el gasto público y de orden administrativo, se cita a comparecer al rector en turno.
Eso no es lo peor. El congreso del estado autorizó en 2018 un presupuesto del orden de los $1,844 millones 805 mil 840 pesos, mientras que en el presente año solo incrementó 55 millones de pesos, al aprobarse un ejercicio 2019 de 1,899 millones 051 mil 097 pesos, de los cuales la federación canaliza 1,526 millones 949 mil 348 pesos, en tanto que el estado solo aporta 367 millones 497 mil pesos, cantidad inferior a la que recibe el Poder Legislativo que es de $441,629, 067.
Un dato más: en 1994 la matrícula universitaria era de 13,925 estudiantes; en el año 2013 ascendió a 31,526 alumnos y en el 2018 a 38,768. En este 2019 se amplió la oferta educativa con nuevas carreras para ubicarse en los casi 42 mil estudiantes. Empero las plazas de tiempo completo son las mismas desde hace 25 años. La Secretaría de Educación Pública no ha autorizado más plazas, pese al incremento en cobertura estatal.
Esta realidad es solo una parte del desafío que tiene la UAZ en el presente inmediato, ante un nuevo gobierno y una clase política que, en el congreso de Zacatecas, evidencia poca capacidad de compromiso con la institución cultural y académica más importante del estado.
El actual, no es el único de los pendientes que tiene que afrontar la institución, hay más.
Al tiempo.
