El juzgado 16 de distrito determinó que las autoridades mexicanas violaron la Constitución y tratados internacionales, al solicitar que el gobierno estadounidense concediera inmunidad para el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Lo anterior generó que se concediera en materia administrativa un amparo a familiares de dos de las víctimas de la matanza de 45 indígenas en el municipio de Acteal, Chiapas.
El diario La Jornada en su edición impresa informó que el juez Ricardo Gallardo Vara, consideró que con ello se asignó un tratamiento con “criterios de índole político y de excepción que generan discrecionalmente la impunidad y la imposibilidad”, publicó este domingo.
El amparo invalida la misiva y retira la solicitud, con el fin de que el gobierno de Estados Unidos no conceda la inmunidad al ex presidente y continúe su juicio ante una corte de Connecticut, donde se le reclama el pago de 50 millones de dólares como reparación del daño por la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Determinó que la carta enviada el 4 de noviembre de 2011, por el entonces embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, a la Secretaría de Estado de la unión americana, infringió lo dispuesto por la Convención de La Habana, ya que establece que “no se deben reclamar inmunidades que no sean esenciales al desempeño de sus deberes oficiales”, ya que Zedillo ya no ocupaba ningún cargo en el gobierno federal.
La determinación judicial establece que el gobierno mexicano infringió los derechos de igualdad y no discriminación ya que tanto los promotores del amparo, como Zedillo “tienen una misma valía, los intereses y derechos de todos los mexicanos”.
