La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) aprobó la propuesta del mandatario zacatecano Miguel Alonso Reyes para gestionar ante el Gobierno Federal la integración de una agenda nacional de minería que favorezca la inversión, a la par que el desarrollo de las comunidades en las que se llevan a cabo actividades extractivas.
El acuerdo se logró durante la XLV Reunión Ordinaria del colectivo, a la que acudieron 30 gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y que fue encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, donde se aprobó la propuesta, la cual fue entregada al Gobierno Federal para su consideración.
La propuesta incluyó la creación de un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, cuyos recursos se apliquen en proyectos productivos para potenciar las vocaciones naturales y desarrollar una economía alterna.
Los recursos también deberán usarse en la conservación de áreas naturales protegidas; promoción, difusión y desarrollo de la actividad minera, mediante subsidios para la exploración y explotación en beneficio de micro, pequeñas y medianas empresas.
Además, las concesiones mineras estarán bajo la supervisión de las secretarías estatales de Economía, las cuales tendrían mayores facultades para evitar la especulación y asegurar que los recursos mineros generen empleo y bienestar.
Alonso Reyes, presidente de la Comisión de Minería, propuso evaluar que se tasen los minerales no metálicos para fortalecer el Fondo, y que el pago de los derechos por las concesiones que otorga el Gobierno Federal se sumen a contribuir a la superación de los índices de desarrollo humano en estados y municipios.
La propuesta incluye que se elabore un registro de los convenios que tienen las empresas mineras que contribuyen con regalías por extracción a las comunidades donde se encuentran asentadas, para que las cantidades efectivamente erogadas sean deducibles.
Asimismo, pide se contemple la degradación del suelo, el abasto y saneamiento del agua, la ubicación de las minas y su impacto en la biodiversidad y sustentabilidad, entre otros factores vinculados al medio ambiente.
Además, que se considere establecer esquemas de colaboración para la interrelación y cooperación de las empresas mineras, a través de proyectos, con las distintas formas de propiedad existentes en el país.
Se contempla también la creación de incentivos para instalar plantas de beneficio en las distintas regiones del país, y para inversión en exploración hecha por pequeñas y medianas empresas.
La política nacional minera deberá fomentar la investigación e innovación en el desarrollo de la proveeduría minera, para extender el padrón de los grandes beneficiarios de la bonanza de metales a más empresas locales y regionales.
También se propone establecer un sistema para el diálogo con organizaciones no gubernamentales y comunidades vecinas de los centros mineros, para garantizar la armonía social, el respeto a la dignidad de las comunidades, el cuidado del medio ambiente, la solución pacífica de los conflictos por la tierra, la sustentabilidad de la explotación minera y el desarrollo fluido de las operaciones productivas.
La revisión de la operación del Fideicomiso de Fomento Minero, en particular lo relativo a la exploración y explotación a favor de las medianas y pequeñas empresas, también es un punto de la propuesta.
