Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Zacatecas es escenario de una batalla legal y política que definirá la viabilidad financiera del ejercicio presupuestal 2017, pero además será un factor importante en la trascendencia del actual gobierno estatal que encabeza Alejandro Tello Cristerna.
El Impuesto de Responsabilidad Ecológica que aprobó la 62 legislatura en diciembre pasado, desató en los últimos días una confrontación mediática entre el sector patronal y sindical minero y la administración pública zacatecana que se dirime en estos momentos en las calles, con movilizaciones de obreros, pero también en los medios de comunicación mediante publicaciones de desplegados y declaraciones de uno y otro bando.
Ciudad de origen minero (fundada el 8 de septiembre de 1546), Zacatecas enfrenta una de las polémicas más fuertes que se hayan generado en los últimos años, a causa de la división que generó la aprobación del conocido popularmente como “Impuesto Minero” que fue rechazado de inmediato por el sector empresarial del ramo.
El miércoles pasado la Federación Mexicana de Minería Sustentable publicó un desplegado en el que sostiene que el gobierno del estado y el congreso de la entidad, carecen de facultades para fijar cargas impositivas.
Creado durante la administración del ex gobernador, Miguel Alonso Reyes, el siete de septiembre de 2011 para facilitar el desarrollo de la industria minera metálica y no metálica, el Clúster Minero también mostró mediante un documento publicado en la prensa local, su rechazo a la nueva figura impositiva que gravará a la industria extractiva y al Grupo Modelo.
El jueves pasado Mining Task Force y la Cámara de Comercio de Canadá le manifestaron al congreso de Zacatecas y al mandatario estatal, mediante un desplegado, lo siguiente: “Conocemos la situación financiera del estado. Sin embargo también pedimos su comprensión, pues no puede pretenderse que la responsabilidad de sacar a flote las finanzas de Zacatecas recaiga y sea responsabilidad de algunos cuantos”.
También la Cámara Minera de México (Camimex) pidió el sábado al congreso zacatecano que “reconsideren esta reforma y proponemos establecer un diálogo y construir acuerdos que impulsen el crecimiento económico y social del estado”.
De las declaraciones se ha pasado a los hechos y el viernes trascendió el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente que dirige el fresnillense Carlos Pavón Campos, interpuso amparo en contra de la aplicación de dicho gravamen en su carácter de “terceros afectados”.
El dirigente sindical minero argumentó que “este injusto impuesto solo tiene fines recaudatorios y no ecológicos, que además fue aprobado de manera ilegal porque fijar cargas impositivas al sector de la minería es una facultad del ámbito federal y no local”.
Por su trascendencia y alcance la controversia escaló no solamente al ámbito nacional sino internacional, pero el gobernador Tello Cristerna se ha mantenido hasta el momento, firme en su propósito de hacer efectivo esta nueva figura tributaria de carácter estatal que fue aprobada en diciembre; que tiene vigencia a partir de enero y se empezará a hacer efectiva a partir del 17 de febrero.
El Ejecutivo del estado argumenta que se trata de “un acto de justicia” para los zacatecanos, que no pretende afectar la generación de empleos en la entidad.
Sometido bajo la presión de los intereses mineros nacionales e internacionales, Tello Cristerna no ha tenido a plenitud el apoyo del sector empresarial zacatecano, el cual a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también rechazó el incremento de medio punto porcentual del Impuesto a la Nómina, aprobado también en el pasado mes de diciembre.
La lucha jurídica ya inició con la presentación del amparo ante la justicia federal por parte del sindicato minero que dirige Carlos Pavón Campos, al que el equipo jurídico gubernamental no le ven viabilidad legal, pero harán lo propio las mineras Peñoles, Pan American Silver, Frisco y el Grupo Modelo, este último elaborador de la cerveza Corona.
También la empresa Gold Corp Peñasquito contempla en los próximos días interponer un amparo ante el Poder Judicial de la federación, en contra de la aplicación del Impuesto de Responsabilidad Ecológica.
El pasado martes el mandatario zacatecano presentó el Plan Estatal de Desarrollo en el municipio de Guadalupe, en donde el alcalde de esta demarcación municipal, así como sus homólogos de Genaro Codina, Loreto, Morelos, Mazapil y Zacatecas, le manifestaron su apoyo y respaldo por la decisión de gravar a las empresas mineras y al grupo cervecero Modelo.
Asimismo el pasado martes el diputado local por el Partido del Trabajo, Samuel Reveles Carrillo, manifestó el apoyo de la fracción parlamentaria a favor del Ejecutivo del estado y aseguró que dicho gravamen “será un triunfo para Zacatecas”.
A los dos días siguientes el dirigente del Partido del Trabajo en el estado, Alfredo Femat Bañuelos, encabezó una marcha con aproximadamente 500 simpatizantes para rechazar el “gasolinazo” y en apoyo del gobernador Tello, para que las empresas mineras cumplan con el pago del mencionado impuesto “ecológico”. La fracción parlamentaria del Partido Verde en el congreso también ha mostrado el respaldo al Ejecutivo.
Hasta el momento son las manifestaciones de apoyo que ha recibido Tello Cristerna. La fracción parlamentaria de la 62 legislatura ha guardado silencio, al igual que la dirigencia priista en el estado.
El próximo miércoles el Consejo de Desarrollo Económico que encabeza el ganadero Manuel Fernando Sescosse Varela, realizará una reunión extraordinaria con empresarios e integrantes del clúster minero, en la que estará presente el mandatario estatal y en la que se abordará el tema del multicitado gravamen.
La citada reunión será clave en el proceso de la ejecución del Impuesto de Responsabilidad Ecológica, cuya prospectiva de derrama es superior a los 2,000 millones de pesos para las arcas estatales, y por tanto, se convertiría en la mayor fuente y sostén de financiamiento para políticas públicas, lo que permitiría reactivar la deprimida economía estatal.
Funcionarios de primer nivel del gobierno del estado consideran que de no cobrarse este nuevo impuesto, la viabilidad financiera de la administración estatal entraría en una situación de emergencia, debido a la debilidad que presenta a pesar de que el Presupuesto de Ingresos 2017 aprobado en diciembre fue de 35 mil millones de pesos.
¿El nuevo gravamen lleva atado la viabilidad financiera del gobierno de Zacatecas? ¿Qué sucedería en el ámbito político y económico si finalmente no tuviera aplicación?
Al tiempo.
