Cada tres o seis años sucede lo mismo: decenas y en ocasiones, centenas de personas tienen que abandonar sus empleos, no porque así lo decidan, sino porque llegan otra administración a ocupar sus lugares.
Lo peor es cuando un partido político de oposición gana la elección y el candidato triunfador, llega con el equipo de campaña con el que hizo muchos compromisos a ocupar los mejores puestos de la administración, ya sea estatal o municipal.
Pero a pesar de que los despidos en los gobiernos municipales o estatal es toda una realidad, los alcaldes o el gobernador en turno, siempre niegan, porque el despido siempre será una medida antipopular.
Lo peor es que el gobierno estatal impulsó la Ley del Servicio Civil de Carrera, precisamente para evitar que, los empleados que han adquirido una experiencia en el servicio público, sean despedidos, pero a los gobernantes es lo menos que les importa.
Lo que hoy está sucediendo es algo que tiene sus particularidades:
Por un lado muchos ayuntamientos tienen que pagar laudos millonarios por los despidos que generaron, pero descuidaron la forma jurídica para ejecutarlos, debido a que solo fueron motivados por la revancha o por la urgente necesidad de acomodar a los compromisos que adquirieron durante sus respectiva campañas.
El otro tema es la coherencia del discurso: El partido Morena, por ejemplo, llega con un gran apoyo de la población y con la construcción de un discurso que se identificaba más con las clases populares, pero al ocupar la administración del municipio de Zacatecas, poco le importaron los derechos de los trabajadores.
El presidente municipal de la capital zacatecana, Ulises Mejía Haro, inició desde el primer día de su mandato municipal, una serie de despidos en el que no solamente violó los derechos laborales de los trabajadores, sino que a muchos de ellos y de ellas fueron humillados al ponerlos literalmente en los pasillos de la presidencia municipal.
El problema es el doble discurso de la autoridad municipal entrante que empieza mal sus primeros días de actividad administrativa, haciendo alarde de maltrato y violación a los derechos laborales de los empleados municipales.
