Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
En el actual contexto nacional, resulta necesario advertir con claridad, el problema no radica en ejercer el derecho al voto, sino en la manipulación de ese acto por parte del régimen. Lo que se anuncia como un ejercicio inédito de participación ciudadana —la elección de jueces y ministros— encubre, en realidad, un proceso controlado y diseñado para validar decisiones ya tomadas por quienes concentran el poder.
Lejos de constituir un avance democrático, la pretendida elección de jueces forma parte de una arquitectura autoritaria que se ha venido consolidando con rapidez alarmante. En apenas cuatro meses, se han reformado 42 artículos constitucionales, debilitando los contrapesos institucionales, militarizando la seguridad pública, eliminando organismos autónomos y cerrando los caminos legales para impugnar dichas reformas. Nos enfrentamos a una refundación del Estado, pero no hacia la justicia social, sino hacia el control absoluto.
En entidades como Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, trabajadores al servicio del Estado están siendo “capacitados” en horario laboral para votar conforme a guías preestablecidas. Las llamadas boletas de práctica, las listas con nombres sugeridos y los entrenamientos institucionales no son ejercicios cívicos, sino instrucciones operativas. No es participación libre; es alineamiento burocrático.
Este nuevo fraude electoral no utiliza urnas clandestinas ni mapaches nocturnos, opera con hojas de Excel, presentaciones en PowerPoint y recursos públicos. Lo preocupante es que todo ello ocurre con normalidad, sin escándalo y con apariencia de legalidad.
Además, la convergencia entre Morena y diversos partidos, en la distribución política del Poder Judicial confirma que no estamos ante una competencia democrática, sino frente a una alianza estratégica para capturar al árbitro y convertirlo en instrumento del Ejecutivo.
¿Qué implica “elegir” jueces sin carrera judicial?
El debilitamiento de la independencia judicial, elemento esencial en todo Estado de Derecho.
La normalización del clientelismo como mecanismo de acceso a la judicatura.
La promoción de perfiles sin experiencia, pero con fidelidad política.
El incremento del rezago judicial ante la falta de formación profesional.
La pérdida de confianza en la justicia, ahora percibida como extensión del poder político.
El riesgo no es menor, los órganos jurisdiccionales dejarán de ser espacios de legalidad para transformarse en trincheras partidistas. La toga dejará de representar imparcialidad para convertirse en uniforme de campaña.
El proceso de regresión democrática en México no es teórico, ni futuro, ya está ocurriendo. La imposición de reformas sin discusión plural, el desplazamiento de instituciones autónomas y la centralización del poder en el Ejecutivo constituyen un fenómeno que no puede ser ignorado.
Ahora, con la elección de jueces, se busca coronar esa transformación mediante la legitimación ciudadana. Pero no se trata de empoderar al pueblo, sino de utilizar su participación como coartada. En esta lógica, el voto deja de ser una herramienta de cambio para convertirse en acto ceremonial.
No se pretende desalentar el voto ni condenar a quienes participan con esperanza en este proceso. Lo que se denuncia es la instrumentalización del mecanismo electoral para encubrir una designación anticipada y controlada.
La democracia no puede reducirse a una coreografía electoral. Requiere competencia real, transparencia en las reglas, autonomía de los poderes y un sistema judicial que funcione como contrapeso, no como comparsa.
En este contexto, votar no será elegir, sino refrendar. Y cuando llegue el día en que una sentencia injusta provenga de un juez sin formación pero con lealtad partidista, será evidente que la justicia fue desplazada… no por los votos, sino por el fraude disfrazado de participación.
Zacatecas, como el resto del país, merece instituciones que no simulen servir al pueblo mientras obedecen al poder. La democracia no se sostiene con urnas, sino con verdad.
