El diputado perredista, Rafael Flores Mendoza reconoció que la propuesta de considerar como delito ataques a la intimidad, es ambigüa por lo que trabaja con personal jurídico, pues no se pretende coartar la libertad de expresión.
En conferencia de prensa, el legislador negó que se busque con la iniciativa proteger a funcionarios o servidores públicos.
Lo anterior, luego de que en días pasados propuesto que exhibir o difundir información o imágenes de la vida privada de otra persona sin su consentimiento, sea catalogado como delito y castigado con tres a cinco años de cárcel, además de sanciones económicas.
De aprobarse modificaciones al código penal del estado, se podría constituir como delito ataques a la intimidad y podría ser sancionado con de 3 hasta 5 años de prisión, además de sanciones económicas.
Inicialmente se planteó que la publicación de fotografías en redes sociales o divulgar prácticas sexuales, enfermedades y otros aspectos de la vida privada de otras personas, sin su consentimiento, sería motivo para ser castigado, aunque ahora se plantea se considere la difusión bajo cualquier medio.
Explicó que existe legislación federal en la materia y se correría el riesgo de que la iniciativa se tilde de inconstitucional.
El propósito estriba poner un limite aquellas prácticas que cada vez son más recurrentes en las que se publican o dan a conocer aspectos, fotografías, grabaciones o en general materiales con un contenido intimo, por medio de las cuales se lesiona gravemente el derecho a la intimidad, argumentó Flores Mendoza.
Insistió en que no se pretende limitar la libertad de expresión, ni de imprenta, ni tampoco el derecho de la sociedad de estar informada de hechos o circunstancias de quienes ejercen un cargo público.
