Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Un abrazo y mi solidaridad con Javier Torres y su familia
Siempre que en México se designa un candidato a la presidencia de la república empieza a declinar el mandatario en turno, pero hoy lo que vivimos en nuestro país es algo inédito, no solo por la declinación del mandatario en turno, sino por el gran debilitamiento que muestra el Estado ante los embates de la delincuencia organizada en el proceso electoral.
De acuerdo a datos compilados por Etellekt del ocho de septiembre de 2017 al ocho de mayo del presente año, en tan solo ocho meses del proceso electoral presidencial, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas en contra de actores políticos y familiares, de lo cual se derivan por lo menos 93 políticos asesinados.
Lo impresionante del estudio denominado “cuarto informe de la Violencia Política en Mexico 2018”, es que del total de agresiones generadas en el lapso mencionado, 35 eran precandidatos y candidatos, cifra en las que se incluye también autoridades electas y dirigentes partidistas, sobre todo del ámbito municipal.
Adicional a la información referida se especifica que 44 familiares de los actores políticos también perdieron la vida.
El año pasado fue el más violento en la historia del país al registrarse 25,339 crímenes, pero hay un dato más que muestra no solo la pérdida de vidas humanas, sino también el daño que se le hace a la economía.
El Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer que el impacto económico de la violencia en México en 2017 creció a 4.72 billones de pesos, el equivalente aproximado a 249 mil millones de dólares, lo que generó un costo de $33,118 pesos para cada uno de los 120 millones de mexicanos.
México atraviesa por una crisis institucional que permite el desbordamiento de la violencia en muchos estados del país, lo que se manifiesta a través de feminicidios, secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sistemática de los derechos humanos, ejecuciones, autogobierno carcelario, entre otros.
Estos fenómenos no solamente socavan a las instituciones sino que generan factores de ingobernabilidad en algunos estados, en donde la impunidad y la connivencia entre autoridades, gobernantes y políticos con expresiones de la delincuencia organizada, han generado este escenario.
El colmo en este preocupante escenario son los lugares comunes que recorren quienes gobiernan al país. Este domingo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, condenó las agresiones contra candidatos y actores políticos, pero el colmo de la vaciedad es cuando afirma que los partidos y abanderados tienen garantías de que podrán realizar sus campañas en condiciones de certeza y seguridad.
El posicionamiento del político mexiquense se da en una tradición de demagogia y cinismo que ha caracterizado a la clase política gobernante.
Este escenario de descomposición que golpea a las familias mexicanas, que genera incertidumbre, miedo y otros fenómenos de carácter emocional, estimula también el coraje, la ira y hasta el odio en contra de la actual clase gobernante, sobre todo contra la priista.
Estas emociones sociales son las que influyen en las tendencias electorales que arrojan a la tercera posición al candidato José Antonio Meade Kuribreña, y que catapultan a la oposición de izquierda y derecha.
Este es el principal factor pero no el único. El presidente Enrique Peña Nieto cometió el grave error de secuestrar al candidato priista José Antonio Meade, al imponerle coordinador de campaña y además dirigente de partido.
Aurelio Nuño Mayer y Enrique Ochoa, mostraron no solo su incapacidad en el manejo y estrategia de campaña, sino la falta de oficio político de Los Pinos para nombrar a dos personajes inexpertos.
Los errores que se cometen a nivel central, donde debería haber la mayor experiencia y oficio en el manejo de campañas políticas, se replica en algunos estados del país como en Zacatecas, en donde la semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional del PRI designó por tercera ocasión delegado.
En pleno proceso electoral local el CEN del tricolor designa al potosino Jesús Ramírez Stabros, un priista que desconoce ampliamente la política local, pero que además solo ejecutará las órdenes que se le dicten, en un estado donde el tricolor rompió la alianza con el PVEM y en donde la operación política está ausente. No hay conducción de campañas y menos aún liderazgo.
Pero al contexto de la violencia que se da en el país no es ajeno Zacatecas, quien también registró al año 2017 como el más violento de su historia con 724 asesinatos, pero además se caracterizó por ser el período en el que más feminicidios se registraron.
A prácticamente 40 días de que concluyan las campañas políticas en el país, nada ni nadie parece poder contener esta escalada de violencia política y menos aún se observa que el gobierno pueda contenerla.
La violencia no se detiene con discursos huecos.
Al tiempo.
