Por Juan Gómez
Sin que exista seguridad para los ciudadanos no habrá tranquilidad social y tampoco gobernabilidad, porque tarde o temprano estallará el conflicto que desatará todos los demonios de la inestabilidad política.
El gobierno de Zacatecas comete un error muy delicado, evadir la atención al tema de seguridad que ya le explotó en las manos, además, el área responsable de la política pública, la seguridad, ya se le complicó con la salida de su anterior titular.
En este contexto el sábado 19 de marzo un grupo de elementos de la policía estatal hicieron una manifestación afuera de las instalaciones del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por el general Adolfo Marín Marín.
El grupo de uniformados entregó copia de un pliego petitorio a los medios de comunicación. Demandan la destitución de tres mandos superiores, ayuda para los familiares de compañeros policiales caídos por los ataques de la delincuencia organizada y establecer una mesa de diálogo con el secretario del despacho.
Al exigir la remoción del Sub secretario de Seguridad Pública e Inteligencia Policial, del encargado del despacho de la Dirección de la Policía Estatal y de la Jefa de la División de las Fuerzas Estatales, se muestran los intereses al interior de la corporación, problemática que tendrá que resolver el general secretario lo más pronto posible, antes de que le genere una crisis estructural en un escenario de violencia exacerbada.
La protesta genera un ambiente muy complicado cuando desde el arranque del año 2022, Zacatecas se encuentra inmerso en un alud de eventos de impacto que desnudan el fracaso en la lucha contra los cárteles de la violencia.
El gobernador no ha tomado en cuenta el escenario en el que se encuentra el estado que gobierna: la militarización de la seguridad pública no le ha dado resultados positivos de contención de la inseguridad en Zacatecas.
Veamos el siguiente comportamiento:
El 19 de noviembre de 2021, casi dos meses después de su ratificación en la SSP del maestro Arturo López Bazán, el gobernador David Monreal Ávila le aceptó la renuncia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y designó al General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Presidencial en retiro, Adolfo Marín Marín, ante el aumento de homicidios en el estado.
Como se recordará el 18 de noviembre, ciudadanos habían reportado 10 cuerpos colgados en el puente vehicular del municipio de Ciudad Cuauhtémoc, lo que impactó en la opinión publica y aceleró la llegada del secretario Marín, pero el 23 de noviembre fueron encontrados ocho cuerpos colgados en comunidades de Fresnillo.
El 28 de noviembre de 2021 fueron abatidos ocho personas en un enfrentamiento entre civiles, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
El comportamiento de la violencia que dejó el desplazamiento de familias, un reguero de cadáveres colgados y encobijados, abandonados en las calles zacatecanas, obligó a la presentación del Operativo Zacatecas II que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita al estado, con la presencia del gabinete (a excepción del Secretario de Hacienda), en donde se anunció el despliegue de 3,848 elementos del Ejército y Guardia Nacional, dos helicópteros artillados y 8,241 elementos de zonas militares de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco.
Pero los refuerzos fueron insuficientes. La violencia siguió escalando y el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín decidió el ostracismo. No volvió a presentarse en público y mucho menos dar un mensaje ante el incremento de la violencia.
El día de Navidad, el 24 de diciembre de 2021, los cinco cuerpos encobijados en la comunidad de Picones en Zacatecas y seis más en Fresnillo, mostraron nuevamente el rostro descarnado de la violencia.
El colmo fue el abandono de diez cuerpos sin vida en Plaza de Armas el 6 de enero del año pasado, a un lado del monumental pino de Navidad, donde dejaron una camioneta con el dantesco cargamento.
A partir del 6 de enero la escalada de masacres en Zacatecas no ha cesado.
El 5 de febrero unas camionetas regaron 10 cadáveres en las calles de la comunidad de El Pardillo III en Fresnillo y ese mismo día, se daba cuenta de seis más, colgados en barandales en una bodega del municipio de Pánfilo Natera.
Lo que volvió a encender las alarmas de la seguridad en el estado fue el secuestro de cinco jóvenes universitarios el 14 de febrero. Los cuerpos de 4 aparecieron un día después dentro de una camioneta en el municipio de Genaro Codina y la quinta víctima, sería encontrada después en una conocida colonia de clase media en Zacatecas.
Aunado a lo anterior, hasta el momento se ignora si los nueve municipios que se quedaron sin policía ya superaron esa situación, puesto que sí algo ha fallado en la actual administración estatal, es su errática política de comunicación social.
Hasta este domingo no se sabía si el problema del plantón de policías estatales ya se había resuelto y si los puntos del pliego petitorio se habían solucionado.
La expulsión de familias de 18 comunidades de Jerez y de Valparaíso, Montescobedo, es uno de los pendientes que también demandan una solución integral.
La seguridad en Zacatecas sigue secuestrada por la violencia, lo que podría generar una crisis de mayor proporción, si es que los gobiernos estatal y federal no actúan con eficacia y rapidez.
En el horizonte se acerca una crisis mayor que podría generarse por la falta de liquidez en la hacienda pública estatal y otra política, por la ausencia de respaldo ciudadano hacia e l gobierno estatal.
Al tiempo.
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