La Secretaría de la Función Pública puso en marcha cuatro acciones para prevenir la corrupción y evitar el conflicto de interés, entre las que destacan las reglas para que 206 mil funcionarios emitan su declaración patrimonial y de conflicto de interés.
El secretario Virgilio Andrade indica que los funcionarios deberán ahora informar quién les vendió los últimos inmuebles, si el servidor público es dirigente en una empresa u organización filantrópica y si es accionista o celebró algún convenio que implique un beneficio económico.
Agrega que en la reforma constitucional del Sistema Anticorrupción y de Transparencia, se mantuvo el régimen de que los 206 mil funcionarios puedan decidir si hacen pública o no su declaración de conflicto de interés, pues no es obligatorio.
Señala que otra de las acciones de la Función Pública será contar con un registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones y una lista de los proveedores sancionados por el gobierno federal y las causas.
