Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Este lunes 30 de enero el gobernador Alejandro Tello Cristera dará a conocer a la sociedad zacatecana su Plan Estatal de Desarrollo (PED) en el que plasmará su visión y también sus objetivos gubernamentales que llevará cabo en los cinco años de gobierno de su administración, lo que podría ser una oportunidad valiosa para hacer un punto y aparte de lo polémico y el conflicto que han generado sus primeros cuatro meses de gobierno.
El inicio de su gestión ha estado marcado por dos realidades que, si no se superan, podrían quedar como sello distintivo de su administración, inmersa en los vaivenes de la precariedad económica y las rectificaciones de sus polémicas decisiones.
Vamos por partes:
En primer término el tema que colocó como preocupación preponderante fue la escasez de recursos económicos en que su antecesor, Miguel Alonso Reyes, dejó como herencia, así como obras inconclusas; irregularidades administrativas que se tradujeron en observaciones multimillonarias que detectaron tanto la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal como la Auditoría Superior de la Federación.
Lejos de fincar responsabilidades a la pasada administración el mandatario estatal asumió el costo político y social, y en su intento de recomponer la solvencia de las finanzas públicas, inició una cruzada recaudatoria que le ha generado tropiezos y sinsabores por parte del gobierno federal.
El primer intento fue comenzar una campaña de regularización y empadronamiento de 5 mil autos de procedencia extrajera en el estado de Zacatecas, iniciada el 31 de octubre del 2016, pero que una semana después le causó un serio revés el Sistema de Administración Tributaria (SAT) al demandarle la suspensión indefinida de dicho programa.
El segundo capítulo lo constituye sin duda el anuncio de implementación del denominado “Impuesto Ecológico” dirigido especialmente a la industria minera y cervecera en Zacatecas, lo que encendió los focos de alarma en ese sector que genera una gran cantidad de empleos en el estado.
El llamado impuesto minero en Zacatecas fue plasmado en la Ley de Ingresos del 2017 y aprobado por la 62 legislatura el año pasado, lo que desató amagos por parte de la dirección de la empresa Peñoles que rechazó dicha figura tributaria y después, por la Cámara Mexicana de la Industria Minera que anunció que recurrirían al amparo de la justicia federal para evitar la aplicación del mencionado gravamen.
Habría que recordar que la industria minera en México fue grabada con un impuesto federal por primera vez, con lo cual se constituyó el Fondo Minero para el Desarrollo Regional Sustentable que en 2014 recaudó, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, 2,589 millones de pesos, de los cuales, 2079 millones de pesos se distribuyeron en 199 municipios de 25 estados donde opera la industria minera.
Para el año 2015 se recaudó aproximadamente 2,663 millones de pesos y en el 2016 se espera que sea superada dicha cantidad.
La puesta en marcha de un nuevo impuesto ahora de carácter estatal arrastraría consecuencias económicas a las empresas mineras asentadas en Zacatecas, pero ello plasmaría un precedente en otras 24 entidades federativas que verían el riesgo de ser grabadas también en dichos estados del país, en un escenario volátil del mercado de los metales en el ámbito internacional.
Apenas la semana pasada, Carlos Pavón, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, anunció en una conferencia de prensa la realización de una serie de acciones y movilizaciones para frenar la aplicación del citado impuesto estatal, debido a que afecta a la industria minera y pone en riesgo el empleo de trabajadores mineros en el estado.
De hecho informó que la empresa minera Madero ubicada en Morelos, Zacatecas, ya inició las negociaciones laborales para el cierre de las actividades en donde trabajan 1,200 obreros, ante lo cual manifestó que no están dispuestos a sacrificar fuentes de trabajo productivo.
Otro problema que se presentó a inicio del año fue el mensaje que publicó el gobernador Tello Cristerna en la red social de Twitter en donde señaló que “es momento de replantear la continuidad del Cobaez (Colegios de Bachilleres del estado de Zacatecas).
El comentario se publicó un día después de que el (Supdacobaez) Sindicato Único de personal Docente y Administrativo de los Colegios de Bachilleres de Zacatecas) tomara las instalaciones de la Secretaría de Finanzas para demandar el pago de la segunda parte del aguinaldo 2016.
Después y en entrevista con la prensa local Tello Cristerna señalaría que se revisa la posibilidad de liquidar a los trabajadores del Cobaez y generarlo bajo otras condiciones ante una “situación insostenible para las finanzas del estado”.
La respuesta del sindicato ha sido la suspensión de labores en 40 planteles del estado y la movilización de miles de estudiantes, docentes y administrativos en las calles de Zacatecas, para evitar que la acción gubernamental se lleve a cabo.
El paquete fiscal aprobado por la 62 legislatura de forma mayoritaria y apresurada es el que más controversia ha causado. Los gravámenes a la nómina de empresas zacatecanas provocó el rechazó de un sector amplio de la iniciativa privada, en tanto que el i”mpuesto a infraestructura” no solo causó sorpresa sino enojo a los contribuyentes.
Asimismo el gravamen para apoyar a la Universidad Autónoma de Zacatecas que pasó del 5 al 10 por ciento, generó una serie de comentarios negativos en contra del gobierno estatal y de la Máxima Casa de Estudios del estado, la cual se encuentra históricamente endeudada con el SAT y el Issste (Fovissste).
También se generaron incrementos en el Impuesto al hospedaje, a la tenencia y se elevó el cobro por el servicio de agua potable.
Pero lo que causó más controversia fue el hecho de que el mandatario estatal había comprometido no endeudar más al estado, pero en el paquete fiscal 2017 se introdujo la figura de “refinanciamiento” de la deuda pública por el orden de los 7,400 millones de pesos.
En este contexto el gobernador Alejandro Tello Cristerna ha mostrado una mayor preocupación por la recaudación económica, pero ha dejado de lado pactar con el sector privado tanto local como foráneo, pequeño y grande, sin tomar en cuenta los efectos jurídicos, políticos, mediáticos y menos aún sociales que generan este tipo de medidas.
A través de diversas medidas de orden recaudatorio y de “refinanciamiento” se observa que su principal preocupación es el tema económico, pero su alejamiento social, político y mediático, se ensancha cada vez más, lo que impide conocer su visión de largo plazo para el desarrollo armónico del estado.
Hasta el momento la acción recaudatoria predomina en la conducción y visión del mandatario estatal, lo que genera desequilibrios y podría provocar un escenario de mayor movilización y rechazo a su estilo personal de gobernar.
Este lunes será cuando presente su Plan Estatal de Desarrollo elaborado por Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador de la Unidad de Planeación del gobierno estatal.
Ya veremos el contenido y la visión de cinco años de gobierno.
Al tiempo.
